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Derecho a la verdad

Luis Arnoldo Colato

Hace 41 años, en la capilla del hospitalito Divina Providencia, como a las seis y media, monseñor Romero realizaba el rito de la consagración de la misa, mientras desde la calle y desde el asiento de pasajero de un Volkswagen passat, un poco más de treinta metros, el cañón de un fusil asomo arrojando un único disparo que habría alcanzado al prelado en su lado izquierdo del tórax, provocando un profundo sangrado que lo mataría instantáneamente, para ser trasladado al Hospital Policlínico Salvadoreño adonde habría sido declarado muerto por el personal médico.

Casi de inmediato las circunstancias se aclaraban: otra ejecución de los escuadrones de la muerte bajo el mando del fundador del partido de derecha, ARENA, quien al amparo del gobierno militar vigente en aquellos días y con la venia de los EE. UU., secuestraban, torturaban, desaparecían, asesinaban, desmembraban, en suma, aterrorizaban a la población con el respaldo de todo el aparato estatal y privado de su parte.

Eran los días en los que d’Aubuisson utilizaba los medios, la radio y la televisión, para anunciar con total descaro, quienes serían asesinados la semana siguiente, lo que invariablemente ocurría, congregando a los criminales mas arteros y cobardes de la derecha salvadoreña, quienes utilizaron los recursos del Estado, asesinando y desapareciendo entre 1972, a alrededor de 30,000 salvadoreños, coronando así el más descarado fraude electoral de la historia reciente, hasta los días que nos ocupan, los días del mayor magnicidio cometido en occidente en la último cuarto del siglo pasado.

Todos los pormenores se conocen del hecho: los financistas [Lemus O’byrne, Mario Molina, Walter Álvarez, y en general, la alta plana de la gran empresa salvadoreña, todos identificados por nombre en los documentos secuestrados por la FGR al propio d’Aubuisson en la finca San Luis, donde preparaba con sus paramilitares un golpe de Estado], responsables de la logística [Eduardo Ávila, Amado Garay], quien lo ordenara [d’Aubuisson] y por supuesto, su asesino material [Marino Samayoa Acosta]. También se conocen el fin que cada uno tuviera o su estado actual, como los medios que han utilizado para evadir la justicia, con la definitiva complicidad del estado y de los poderes fácticos financieros para así lograrlo (Informe de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos).

Entonces los hechos y la delación de los mismos son públicos, pero olvidados por una nueva generación de salvadoreños que se acomodo y no demanda su derecho a la justicia, porque no atestiguo los hechos descritos arriba, y mas bien los asocia con un cuento y de ningún modo real.

La ausencia de ninguna acción punitiva de parte del estado para con los criminales solo evidencia la complicidad acusada arriba de parte del estado para con los hechores intelectuales y materiales, pero además de la incapacidad e inoperatividad de la institucionalidad salvadoreña, que ahora mismo ya dio paso a un nuevo periodo de oscuridad, no con el mismo grado de brutalidad, pero sí con el mismo potencial.

Son nuevos días oscuros que para quienes recordamos, solo amenazan una nueva tormenta.

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