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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Un grupo de 133 trabajadores jurídicos, técnicos y administrativos, quienes han cumplido con la edad de jubilación serán obligados al retiro forzoso en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Los trabajadores de la PDDH tienen hasta el mes de noviembre de 2023 para retirarse de la institución por medio del decreto legislativo; pese a que el artículo 15 de la Ley de Atención Integral Para la Persona Adulta Mayor señala que las instituciones no podrán obligar a la jubilación, cuando las personas adultas mayores mantengan la aptitud laboral.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció el desmantelamiento de la PDDH, ya que cada día se aleja de su mandato constitucional de velar y proteger al pueblo frente a las violaciones de sus derechos humanos.
Con esta medida no se toma en cuenta el derecho al trabajo tutelado en la Ley de Adultos Mayores, se desmantela la capacidad institucional para atender las demandas ciudadanas frente a las violaciones a los Derechos Humanos por parte del gobierno de Bukele.
A criterio de los afectados, con estos despidos se deja abierto el espacio para infiltrar la institución con militantes y activistas de Nuevas Ideas, como ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tiene cooptado el sistema con más de 300 jueces y magistrados parcializados en favor del oficialismo.
“Denunciamos a Raquel de Caballero, de seguir el libreto de Bukele al dejar en abandono a las personas víctimas del Régimen de Excepción, de guardar silencio ante la detenciones ilegales de los seis sindicalistas, los cinco líderes de Santa Marta y ADES y demás defensores perseguidos, encarcelados y asesinados por el régimen de Bukele”, expresaron los despedidos.
Según el dictamen aprobado por la Asamblea Legislativa, además de los 133 adultos mayores, otras personas han expresado su deseo de “retirarse voluntariamente de la institución”; lo que permitiría un cambio generacional de defensores de derechos humanos y personal administrativo.
El MTD hizo un llamado a la comunidad internacional a demandarle a Raquel de Caballero ponerse a la altura que la ley demanda frente al cargo, así como a las organizaciones sociales y sindicales a denunciar las violaciones a los derechos laborales que están ocurriendo en el país.
Hasta la fecha el MTD contabiliza más de 20,000 despidos ilegales de servidores públicos, a quienes no se les ha respetado el debido proceso, los derechos de audiencia y defensa, ni se ha tenido en consideración a personas con enfermedades crónicas, embarazadas y discapacitadas.
Dichos despidos han ocurridos en 45 instituciones del gobierno, en 25 alcaldías, la Asamblea Legislativa y en la CSJ, donde se obligó al retiro forzoso a magistrados y jueces imparciales, objetivos y no alineados al oficialismo.
