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Saúl Méndez
Colaborador
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), junto al Colectivo Ecologista Madre Selva y el movimiento Resistencia Miteca, denunciaron que la empresa canadiense Aura Minerals busca reactivar el proyecto denominado Era Dorada, el cual, aseguraron, no es más que un cambio de nombre del proyecto Mina Cerro Blanco.
Organizaciones ambientalistas de Guatemala, El Salvador y Honduras coincidieron en que esta estrategia busca ocultar el historial de corrupción, ilegalidades y conflictividad social asociado al proyecto Cerro Blanco, con el fin de engañar tanto a la población como a inversionistas y accionistas, y avanzar un proyecto que califican como fracasado y carente de legitimidad social y jurídica.
Desde Honduras, las organizaciones señalaron que MINOSA, subsidiaria de Aura Minerals, ha operado durante más de 40 años con impunidad, y ha sido responsable de graves daños ambientales y violaciones a los derechos humanos.
“Estas prácticas no son hechos aislados. En Honduras, la empresa MINOSA, filial de Aura Minerals, ha sido señalada por destrucción ambiental, desplazamiento de comunidades, daños al patrimonio cultural, profanación de un cementerio ancestral y persecución de defensores ambientales, encontrándose actualmente bajo el escrutinio de organizaciones internacionales de derechos humanos”, denunciaron.
La ubicación del proyecto, a menos de nueve kilómetros de la frontera con El Salvador, representa un riesgo real y previsible para comunidades transfronterizas, al vulnerar los derechos al agua, a un ambiente sano y a la salud, y constituir una amenaza directa para la Región Trifinio, protegida por un tratado internacional suscrito por Guatemala, El Salvador y Honduras, advirtió Acafremin.
El proyecto minero Cerro Blanco obtuvo su licencia de explotación en 2007; sin embargo, esta fue concedida sin cumplir con los requisitos técnicos y científicos exigidos por la normativa vigente y sin informar ni consultar a la población de Asunción Mita, en Guatemala.
“A la fecha, se trata de un proyecto fracasado que no ha extraído oro ni plata en 18 años, y que se ha mantenido vigente únicamente por la corrupción y negligencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM)”, afirmaron.
El proyecto Cerro Blanco presenta irregularidades administrativas y deficiencias técnicas ampliamente documentadas. El Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2007 ha sido calificado por expertos como insuficiente y carente de un enfoque precautorio. Además, persiste la falta de claridad sobre la responsabilidad ambiental tras la venta de los derechos mineros, lo que incumple principios de «sucesión de responsabilidades» y de debida «diligencia empresarial».
En junio de 2024, el (MARN) canceló la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para realizar minería a cielo abierto, la cual había sido otorgada de manera fraudulenta a Bluestone Resources durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei. La cartera de Estado revocó dicha resolución tras constatar irregularidades graves, entre ellas la pérdida de más de 800 folios del expediente oficial, firmas falsificadas y posibles delitos de abuso de autoridad.
Ambientalistas advirtieron que, de reanudarse el proyecto, este podría afectar gravemente la cuenca transfronteriza Ostúa-Guija-Lempa, por lo que consideran indispensable la realización de un estudio de impacto ambiental transfronterizo y la garantía de procesos de consulta a las comunidades de Guatemala y El Salvador.
Durante casi dos décadas, las comunidades de Asunción Mita y poblaciones afectadas en El Salvador han ejercido su derecho a la defensa del agua y del territorio, así como a la consulta libre, previa e informada.
Por ello, las organizaciones demandan el cierre definitivo de la licencia ambiental del proyecto Cerro Blanco/Era Dorada o, en su defecto, la exigencia de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integral que evalúe los impactos futuros sobre la cuenca Ostúa-Guija-Lempa.
