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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Miembros de la Comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) denunciaron este lunes que la apelación a la Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, por el proceso judicial de los 5 detenidos el pasado 11 de enero, está siendo bloqueado por dos magistrados.
“Esta falta de resolución es resultado de la impugnación de uno de los magistrados propietarios de la Cámara solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y avalada sin ninguna base legal por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cual confirma que tal como lo denunciamos en su momento se trataba de una maniobra sucia para entrampar el proceso y asegurar que los ambientalistas continuaran en prisión. Sin ese ataque artero de la FGR contra la Cámara, nuestros compañeros ya no estarían encarcelados”, externaron los representantes de la comunidad.
Los representantes de la comunidad Santa Marta y ADES informaron que para resolver la controversia de sí se decretan medidas sustitutivas a la detención o de mantener prisión preventiva “injustamente”, ha sido llamado un tercer magistrado en cuyas manos está la decisión de “mantener la arbitrariedad” contra los defensores ambientales o resolver apegado a derecho, revirtiendo la detención, y permitiendo que el proceso continúe en libertad.
La comunidad reiteró la demanda de libertad para los detenidos, principalmente por la delicada situación de salud de quienes padecen enfermedades crónicas, ya que a través de informes de Medicina Legal se conoció que los cinco detenidos necesitan tratamientos médicos, dos de ellos fueron trasladados al centro penitenciario hospitalario de Quezaltepeque por sus estados de salud.
Los representanes de la comunidad destacaron que a los de Santa Marta y ADES procesados son los únicos a quienes se les ha negado medidas sustitutivas a la detención, lo que representa una grave desigualdad pues en casos mayores como la masacre El Mozote, los acusados están en proceso de libertad.
La debilidad jurídica del caso también representa una detención provisional no justificada, ya que a falta de pruebas y la sustentación legal errónea de la acusación, la principal prueba de la Fiscalía es un “contradictorio” testigo de referencia, y la acusación violenta los Acuerdos de Paz, la Ley de Reconciliación Nacional y la Sentencia de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.
Además, la detención va en contra de la sentencia reciente de la Corte interamericana de Derechos Humanos, según las cuales la prisión preventiva debe estar plenamente justificada y utilizarse como medida extrema en caso donde sean realmente imposibles las medidas sustitutivas a la detención lo que convierte la privación de libertad en una acción totalmente innecesaria arbitraria e ilegal.
Rafael Paz Narváez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), señaló que el caso fue puesto en reserva, y viola toda la jurisprudencia internacional de derechos especialmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el proceder del Estado salvadoreño, especialmente al apartado judicial contra los acusados.
“Como comisión, la universidad acompaña a la comunidad de Santa Marta en la exigencia de la libertad inmediata de los compañeros, y a que se declaren las medidas sustitutivas. Hacemos un llamado a los centros penales a que se respete en su momento las resoluciones del aparato judicial porque tienen la tradición de negarle la libertad a las personas que han sido favorecidas con sentencias, entonces, cumplan el estado de derecho”, instó.
Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, aseguró que han apoyado el caso de los detenidos ilegalmente y que siguen en la lucha ante una “vil” manipulación del sistema de justicia. “Vemos situaciones graves que me están pasando como en la guerra, cuando el sistema de justicia estaba manipulado y ahora está más por la dictadura”, añadió.
De acuerdo a Murillo hay pruebas suficientes de la inocencia de los capturados, como el arraigo familiar comunitario laboral que respaldan que los señalados no se irán o saldrán del país. Además, se les está aplicando el régimen de excepción cuando se aseguró que no. No los pueden ver los familiares o abogados y se mantienen a la expectativa de los familiares de dónde están.
“Exigimos que se pongan en libertad lo más pronto posible, que el nuevo magistrado tome una decisión de todo el proceso amañado y que realmente utilice sus oficios y conocimiento para sentenciar a favor de los compañeros. No se puede seguir manipulando el sistema en procesos arbitrarios e ilegales, están manipulando la justicia y la democracia”, finalizó.
A casi cuatro meses de la captura de los 3 líderes comunitarios y los dos directivos de ADES en Cabañas, el pasado 11 de enero, por el supuesto delito de secuestrar y asesinar el 22 de agosto de 1989 a María Inés Alvarenga, los organismos de justicia no cuentan con las pruebas necesarias para mantener la detención. Se desconoce el estado de los acusados y el proceso judicial está estancado.
