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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Un grupo de pobladores de la isla Tasajera, del municipio de San Luis La Herradura, La Paz, presentaron ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), una petición para que investigue los disturbios del pasado 2 de diciembre, cuando hubo un intento de desalojo masivo de un grupo de habitantes que han residido por más de 40 décadas en el territorio insular.
“El gobierno no es dueño y algo muy importante, la señora Michell Sol (ministra de Vivienda) llegó y prometió hacer una clínica y casas a 11 familias, cosa que hasta hoy no ha cumplido”, afirmó un habitante de Tasajera.
El Movimiento Político ReverdES, junto a los comunitarios, presentó la petición para que sea investigada la fiscal, los agentes policiales que participaron, así como a la empresa Closa Salazar, que sería la empresa hotelera que llevaría a cabo en Tasajera, el proyecto turístico “Cancún de El Salvador”, que los habitantes han rechazado totalmente. La isla Tasajera reviste una importancia en el estero de Jaltepeque, por ser un “humedal” de relevancia internacional que visitan diversas aves migratorias, por tanto, tiene una categoría de “Sitio Ramsar”, porque reviste una infinita biodiversidad y es lugar de anidamientos.
El forcejeo legal inició con la declaración de la empresa Closa Salazar, que afirma son propietarios de la isla y buscan desalojar a sus habitantes que han visto a tres generaciones de salvadoreños viviendo en el lugar. Evangelina Granados, quien reside desde hace 47 años, en Tasajera, se mostró indignada por las acciones realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, de la que declaró, que no están acostumbrados a verlos porque no existe la violencia delincuencial.
“En la isla Tasajera vivimos 500 familias, es una falsedad que seamos solo once familias afectadas- como dijo en su Facebook la ministra Sol. El motivo, es porque ellos tienen el proyecto hotelero Cancún y nosotros le hacemos estorbo, y por eso pedimos al gobierno que haga cumplir la ley y castigue a todos los hechores que han violentado los derechos de todos nosotros,” manifestó.
“Porque no es correcto que si dijo que iba a combatir la corrupción, entonces, que lo haga y sobre la mentira que ha dicho de isla Tasajera mejor ponga su carta de renuncia porque para nosotros no es buena ministra”, acotó.
Sobre los delitos que los pobladores mencionan han incurrido el ente fiscal y la corporación policial está el allanamiento sin una orden judicial, actos arbitrarios como quitar los cercos de las tierra de las familias, daños agravados al quemar árboles de marañón que estaban en cosecha, la usurpación de inmuebles y la perturbación violenta a los habitantes.
“Ya no podemos cultivar porque quemaron los terrenos de la gente que subsistía de la venta de los marañones y sus cultivos de la dieta básica. Por eso, también pedimos una mesa de diálogo a la Asamblea Legislativa, para exponer nuestro caso”, sostuvo.
“No estamos de acuerdo no queremos reubicación la isla Tasajera no está para reubicaciones, tenemos 40 años de vivir allí y cada quien tiene su vivienda y su parcela y las 11 personas que menciona son esas que han llegado y no tienen nada, pero los demás tenemos hogares establecidos con mucho esfuerzo”, agregó Granados.
Mientras, Leonardo Funes, presidente de la ADESCO, lamentó la forma en que llegaron los empleados de la Familia Closa Salazar, acción que calificó de “ perturbación y acciones de atropellos contra las familias de Isla Tasajera”, en donde hubo destrucción de al menos 700 metros de cerco, 4 viviendas afectadas y 2 manzanas de terreno que terminaron con la vida de 60 árboles de marañón, luego de incendiar la zona.
“Somos nacidos en este país y en esa tierra de la isla, nos asiste el derecho de posesión de la tierra reconocido en el artículo 2 de la Constitución de la República, y reconocido por el Código Civil y Penal”, dijo el presidente de la ADESCO.
“Sin embargo, la situación es grave, porque los trabajadores de la familia Closa Salazar, -claro- en compañía de la Fiscalía y PNC, llegaron sin siquiera con una sentencia judicial y recordemos que aquí solo se puede proceder a un desalojo si hay una orden judicial de por medio y en este caso no fue así, por eso queremos una investigación y garantía de nuestros derechos”, sostuvo.
Ante el argumento de la empresa de que ellos son dueños de la tierra, la población contra argumenta que durante el conflicto armado, en la década de los años ochenta, ellos se quedaron en la isla trabajando y conviviendo con el medio ambiente, mientras ellos nunca estuvieron en la zona
“Por eso estamos aquí, frente a la Fiscalía General de la República, para que se investigue a Antonio Closa, porque hay una comisión de varios delitos como daños agravados, perturbación de la posesión -como su título lo dice-, protege el derecho de posesión y tenencia de la tierra”, acotó.
“Estamos exigiendo que se vele por nuestros derechos que han sido violentados de una manera inhumana, porque han atentado contra lo único que tienen las personas para subsistir que son sus cultivos y también sus viviendas que con tanto esfuerzo les ha costado construir y decirnos que nos debemos salir es como condenarnos de nuevo a volver a empezar de cero”, reiteró Funes.
Así también, esperan una aclaración por parte de la Fiscalía, del actuar de la fiscal que intervino en estos hechos junto a la PNC, que calificó “actuó en representación de ella misma”, por la irresponsabilidad de presentarse sin una orden judicial a la tentativa de desalojo.
“Solo llegó y le dijo a las familias que tenían que retirarse en tres días y que si no lo hacían en ese tiempo lo harían forzosamente. pero no se respetaron los tres días, a la siguiente mañana llegaron a cortar cercos, a quemar cultivos que son cultivos que las personas con mucho esfuerzo cultivan y derrumbaron casas”, afirmó.
