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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nosotros como comunidad de escasos recursos nos sentimos preocupados por la nueva ley (General de Recursos Hídricos), porque no alcanzaríamos a pagar el canon (pago al gobierno) si por ahora, solo alcanzamos a pagar la cuota del servicio”, expresó José Rolando Mejía, presidente de la Junta de Agua del Cantón La Labor, Caserío Los Hernández, Cabañas.
Ante la entrada en vigencia este día de la Ley General de Recursos Hídricos, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, se pronunciaron en el contexto de la crisis ambiental que golpea actualmente el territorio nacional con los eventos climáticos extremos y que vulnera a la mayoría de la población.
En ese marco ambiental que suma el aumento de la contaminación, la degradación de las fuentes de agua y sin que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) u otras autoridades que realicen inspecciones o apliquen la legislación ambiental, las comunidades se encuentran con una nueva normativa que les quita la posibilidad de participar en la gestión del recurso agua.
“Si nos llegan a poner otro medidor y suman el pago del canon, sería mucho más difícil pagarlo, porque apenas logramos juntar para pagar el recibo de la energía eléctrica y que tenemos subsidio, son 420 dólares, los que pagamos”, afirmó.
“Le servimos a 92 usuarios, tenemos asignado 12 metros cúbicos por hogar, se sirve un día si y otro no (4 veces a la semana) por 6 dólares, y si alguien se pasa de los 12 metros cúbicos, se le cobra extra 0.50 centavos de dólar y eso es lo que se recolecta. Y en la administración está el que opera la bomba, el pago de la energía, así que quedamos justos con el dinero, a veces queda 125 dólares y en otras ocasiones 45 dólares”, sostuvo Mejía.
Para el presidente de la Junta de Agua del Cantón La Labor, la mayor preocupación de la comunidades rurales es el impacto económico que supone el pago del canon por la extracción y vertido del agua cuando son personas que viven de la agricultura de subsistencia porque no hay empleos.
“Son 12 años que tenemos trabajando con la comunidad y salió el proyecto del agua, nos ayudó el gobierno de Japón para hacerla, no es un pozo artesanal, es un nacimiento que tenemos en la zona, es un vertiente de agua, que ADES nos ayudó para que la ANDA hiciera un examen de agua y salimos bien, es apta para el consumo humano y es la que consumimos para nuestros alimentos”, afirmó Mejía.
A diferencia del estado de saneamiento del río Lempa, una fuente primordial de “agua potable” para el Área Metropolitana de San Salvador, que alberga a 1.5 millones de personas, y que el pasado 14 de marzo, celebraron su “Día Nacional”, cuya relevancia de la fecha no concuerda a su evaluación sanitaria calificada entre “regular a pésima”.
Foto Diario Co Latino/Gloria Silvia Orellana.
Una denuncia que no solo ha sido expuesta por las organizaciones ambientalistas, también en los informes del Ministerio de Medio Ambiente que calificó el agua del río Lempa de “contaminada y sucia” por la presencia de plásticos, metales pesados, heces fecales y pesticidas, entre otros contaminantes en su caudal.
Y es esta encrucijada de pagos de cánones y la nula participación ciudadana de la General de Recursos Hídricos, que Caterin García de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señaló estos “grandes vacíos” que no garantizaban a toda la población el derecho humano al agua, pese a que las organizaciones por más de 15 años realizaron una lucha social por la aprobación de un cuerpo legal integral e inclusivo en la gestión.
“No ha sido un contexto fácil ni ha sido un buen manejo de los marcos jurídicos que tenemos aquí en el país, mucho menos su aplicación. El hecho que tengamos una ley que otorga permisos de importantes cantidades de agua que sobrepasan los 365 metros cúbicos de agua a empresas urbanísticas, que anula la participación de las juntas de agua, pues tenemos más dudas que respuestas, y claro, las autoridades públicas han estado ausentes de esta discusión”, afirmó García.
García agregó, que la discusión de dicha normativa fue solo un “montaje, un show mediático”, en donde consultaron las observaciones de las organizaciones y juntas de agua, de manera superficial, cuando solo atendieron a la gran empresa y que se demostró en la forma “descontrolada” en que han seguido otorgando permisos ambientales a los urbanistas.
Como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua reiteraron el cumplimiento en la finalidad del artículo 4, literal g, que manda que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) promueva la participación activa y corresponsable de la sociedad salvadoreña y, por tanto, crear mecanismos para operativizarlas.
“La Ley General de Recursos Hídricos va totalmente en contra del enfoque integral de la gestión del agua, sino hay participación ciudadana o de la Junta de Agua en toma de decisión”, señaló, Rodolfo Calles, de la Alianza.
“Y necesitamos que todas las herramientas de gestión sean utilizadas de la mejor manera, porque no pueden dar un permiso ambiental, sino hay claridad del balance hídrico de la zona sea favorable para darse permiso. Y la ley manda que el uso del agua tiene la prioridad: el consumo humano y la protección de ecosistemas, porque no habrá regeneración o cosecha de agua, sin protección de los ecosistemas”, indicó Calles.
Asimismo, la Alianza, exigió la creación de los “organismos zonales de cuenca” con los elementos de protección, conservación y recuperación de los recursos hídricos, claramente definidos para tales fines. Y aunque la ley entra en vigor este día, las organizaciones esperan poder incluir sus propuestas en la redacción del Reglamento General que permitirá la implementación de la nueva normativa.
“El reglamento debe estar preparado para implementar la ley, o sea, desde este día el Ejecutivo deberá redactarlo en los próximos 3 meses. Hay cosas que no están en la ley, pero que el reglamento puede operativizar, no todas, pero entre las importantes está el contenido en el canon de vertidos”, explicó Luis González, de la Alianza.
“El pago del canon por uso del agua si bien la ley general plantea varios elementos, hay otros como los coeficientes por los que tiene que multiplicarse al precio base y la cantidad de metros cúbicos utilizados que lo tiran al reglamento, y no hay elementos de participación ciudadana más que la denuncia o la oposición que pueda hacerse a la autoridad del agua, pues, se puede optar por organismos zonales de cuenca”, agregó González.
Como consecuencia la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua demandó del gobierno se garantice la participación ciudadana en la gestión de las cuencas y que desarrolle desde un “enfoque de género” que permita establecer el diferenciado entre hombres y mujeres en el acceso al derecho humano al agua.
“Pedimos el cese de las autorizaciones de permisos de construcción y proyectos con impactos ambientales en las zonas de recarga acuífera. Y que se realicen estudios de impacto ambiental para la implementación de proyectos que puedan generar impactos de consideración en el uso del agua, con su debida consulta pública. Y que las juntas comunitarias de agua no paguen canon por uso del agua pues no tienen fines de lucro”, reiteró Adela Bonilla, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
