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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“A partir de las reformas que se produjeron en 2024, se ha complicado porque hay muchas cosas que limitan el ejercicio y la defensa a personas defensoras de derechos humanos individuales y colectivos”, explicó Ruth Eleonora López, Jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
Ante representantes de las organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, Ruth López se refirió a algunos de los contenidos esenciales del “derecho a defender derechos y las limitaciones formales a la defensa de los mismos”, tras reconocer que defender derechos es en sí mismo un derecho ciudadano.
“En el contexto, sabemos que la defensa de los derechos humanos permite a las personas, por un lado, promover, hacer valer y exigir los derechos humanos. A través de fomentar el debate, la libertad de expresión, el acceso a la información y la protesta pacífica para la defensa de los derechos”, afirmó.
“Esto es un enorme ámbito, es muy amplio y hay varios derechos que están atravesados aquí, entonces, nosotros en esa delimitación del marco conceptual hay varios ámbitos en donde el derecho a defender derechos puede ser limitado”, agregó.
Sobre el ámbito de las limitaciones a la defensa de derechos, López, señaló, que ha revisado todos los decretos aprobados en el año 2024, y en el nivel más alto, al referirse a las reformas constitucionales que son leyes, pero también, hay reformas a reglamentos y ordenanzas.
“Las personas defensoras defienden derechos que van desde el derecho a la vida, pasando a la salud, la alimentación, medio ambiente sano, agua, educación, cultura, derecho al nombre, identidad, libertad de circulación, la no discriminación. Y todo lo que hacemos de manera permanente los defensores de derechos humanos”, indicó López.
En cuanto a estos diversos ámbitos se aplican las categorías especializadas como niñez, adolescencia, derechos sexuales y reproductivos, libertad de prensa, libertad de Información y todo lo que implica el derecho al acceso a la información. Y la defensa que se ejerce en distintos niveles: local, nacional e internacional.
Violencia al derecho a defender derechos
“Hay varias formas de vulnerar el derecho a defender derechos y de limitarlos. Como el contexto en que estamos actualmente, en el cual enfrentamos riesgos por el sólo hecho de defender nuestros derechos», señaló López.
La abogada mencionó que esta situación se agrava cuando se defienden los derechos de otras personas y el derecho de la colectividad lo que implica riesgos adicionales.
“Y están las limitaciones materiales que más comúnmente identificamos y se materializan en la estigmatización a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y nos tildan de ser parientes de pandilleros, de ser parte de grupos terroristas, cualquier descalificación. Existe un discurso de odio asociado a todo esto muy fuerte, que parte de la misma deslegitimación que pretenden hacer del ejercicio del derecho a defender derechos”, reiteró López.
Asimismo, acotó que todo este ambiente y narrativas tiene el objeto directo desde la “gestión gubernamental» de tratar de descalificar los derechos. Por lo que exhortó a las personas defensoras a realizar análisis del “contexto y montaje mediático” y las razones que llevan a las autoridades gubernamentales a ejecutarlo.
“El tema de la discriminazación – eso no es un secreto para nadie- tenemos el caso emblemático de Santa Marta, no amerita más explicaciones todos conocemos como ha evolucionado ese proceso. Las limitaciones al ejercicio periodístico y vulneraciones muy claras en distintos ámbitos se están dando estas vulneraciones”, sostuvo.
“La criminalización es una cosa pero la intimidación es otra que puede pasar del seguimiento, al comentario contra las familias, porque a veces la intimidación no ocurren directamente a la persona defensora, sino que llegan a amenazar a sus familiares y tendrá repercusión sobre la actividad que pretende influir en la defensa de derechos humanos”, manifestó López.
Bloqueo a la reunión y manifestación pacífica
En cuanto al bloqueo de otros derechos como a la información pública o al derecho a la protesta pacífica, se suman las limitaciones económicas, a través de los despidos arbitrarios, opinó López, y que forman parte de los mecanismos para limitar la defensa de los derechos de los demás.
“Si pensamos en el tema sindical en donde han vulnerando todas las garantías sindicales, han vulnerando los principios más elementales que el derecho colectivo de las organizaciones para la defensa de los trabajadores y los despidos de los miembros de las juntas directivas de los sindicatos, todo va en contra de la Constitución y Convenios Internacionales”, aseguró.
En El Salvador, alegó López, pese a tener un marco legal formal y garantías establecidas, lo que no existía eran la «garantías reales de aplicarlas», porque no existen instituciones que hagan valer estas prerrogativas jurídicas.
«No me canso de decirlo, en El Salvador no hay institución pública que garantice el derecho de las personas. Y se pueden verificar en distintos informes de las organizaciones de derechos humanos (2022) que hemos documentado las restricciones al espacio cívico”, argumentó López.
Espacio Cívico y Reformas penales
Ruth López también se refirió a las restricciones del espacio público documentadas por organizaciones como FESPAD, CRISTOSAL y APES, que establecen las implicaciones que tiene el contexto del régimen de excepción sobre el “derecho a defender derechos”, en la actualidad.
“Por un lado, tenemos reformas legales que han distorsionado todo el sistema penal, esto afecta a todos y todas. Porque al final todos vamos a ser o podríamos ser víctimas de esa bola que se viene encima, esa gran piedra que es el derecho penal, que busca aplastar voces disidentes”, indicó.
“Y en la medida que las garantías disminuyen para personas defensoras, esto atenta contra el derecho a ejercer la defensa de los derechos. Como el debido proceso, derecho a ser informado de las razones de la detención, algunas son directamente del régimen de excepción y otras relacionadas a este régimen”, comentó López.
Sobre el tema de “presunción de inocencia”, recordó López, toda persona que ha sido inculpada de un delito tiene derecho a defenderse personalmente o ser asistido por personas defensoras de su elección. Y tendrán que garantizar también su derecho a comunicarse libre y privadamente con quien ejerza su defensa. No obstante, lamentó que en la actualidad esto no es cumplido en el país.
“En el derecho a la defensa proporcionada por el Estado, había 275 defensores públicos en el ámbito penal de la PGR. Y en diciembre hubo un despido de más 200 defensores públicos en donde algunos de estos pertenecían al área penal. Nosotros queremos investigar la cifra para poder dimensionar de forma adecuada el derecho a la defensa en el país”, advirtió.
“Ese derecho a la defensa y el papel de los procuradores, al final se convierten en cómplices ¿Por qué? porque afirman que han estado con el imputado cuando literalmente solo les dieron un minuto para poder hablar con su defendido. El derecho a la defensa formal existe pero materialmente no se da, es imposible defender a más de 20 personas y no hablemos de 80 ó más”, sostuvo López.
Sobre las reformas penales y el Estado de Excepción, agregó que el derecho a un juez natural, independiente e imparcial, así como, el derecho a un juicio en un plazo razonable es imposible en el marco del régimen de excepción. Y que habrá personas que llevarán 4 años detenidos, porque tienen como plazo hasta el cuarto año para hacer «Vistas Públicas», lo que “aberrante”, en cuanto a las garantías de pronta y cumplida justicia.
“Nada de esto es nuevo en los tres años que van, esto ha venido a deteriorarse más y más estos derechos, pero además en el 2025 hubo dos reformas que también serán importantes para observar cómo criminalizan el ejercicio a la defensa de los derechos humanos”, expresó.
“Prohibir la recusación de jueces o impugnar resoluciones judiciales son parte de la modificación al Código Procesal Penal. ¿Cómo que no puedo recusar a un juez?, ¿Cómo que no puedo impugnar una resolución judicial?, si va en contra de los intereses del defendido. Es lamentable y todas estas reformas fueron aprobadas”, lamentó López.
