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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Pasadas las 22 horas del 16 de mayo varios ministros del Gobierno de Nayib Bukele se presentan a la prensa para dar informe al pueblo de algunas cosas hechas bajo el decreto de emergencia contenido en el DL 593, y anunciar que conforme a la Ley de Protección Civil declaraban ellos, un NUEVO DECRETO DE EMERGENCIA que durará 30 días. Abogados saben que ese hecho es una clara usurpación de funciones que corresponden a la Asamblea Legislativa.
El hecho fue precedido de rumores de golpe de estado a la manera que lo hizo el 9 de febrero pasado, otros que establecería un estado de sitio, que suprimiría al órgano Judicial y al Legislativo; los rumores expresaban el debate que quizá ocurría en los pasillos de CAPRES.
El fiscal señala en su comunicado que no existen los presupuestos para que el Consejo de Ministros declare estado de emergencia y es que la Constitución es clara, ellos no pueden prorrogar un decreto ejecutivo como pretenden.
En verdad para que se mantengan o rediseñen correctamente las cuarentenas como recurso de focalizar los contagios del COVID-19, es innecesario un decreto de Estado de Emergencia, esa facultad la tiene el órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud en el Código de Salud; la diferencia entre tener y no tener un decreto legislativo sancionado que declare Estado de Emergencia es el uso arbitrario en el manejo del presupuesto para hacer transferencias a su gusto y comprar sin observar la ley de adquisiciones y contrataciones.
Varias voces se habían alzado advirtiendo el riesgo de nuevos actos abusivos y violatorios del Estado de Derecho por parte del presidente y sus ministros; porque ya ha sido perfectamente establecido el desprecio a la Constitución, a las leyes y a las sentencias judiciales de parte del presidente y su equipo de Gobierno; lo que faltaba era constatar con que medida saldría y esta no solo es una violación más puede ser catalogada de golpe y también de autogolpe porque abre el camino para que se pida antejuicio, se le enjuicie y separe de su cargo. ¿Será que en su propio equipo jurídico algunos están moviendo las cosas de un modo de facilitar que se le separe de su cargo?
Este abuso de poder, propio de una dictadura se da en medio de la calamidad que empieza a generalizar el descontento con los efectos de las medidas gubernamentales que dejan a decenas de miles de familias sin sustento, sin poder ir a vender al mercado lo que producen, sin poder producir a empresas, en medio de cierre todos los días de empresas que lanzan al despido miles de trabajadores; cuando el ciclo agrícola transcurre sin real política que ayude a mantener los niveles de producción de maíz, frijol y otros; con el transporte público paralizado y el aumento de los casos de infección por el COVID-19.
Muchos médicos y el Colegio Médico han señalado los errores que se cometen en el manejo de la pandemia, hacen propuestas sin ser escuchados; la respuesta del Gobierno es mandar a sus empleados a repartir paquetes con pocos alimentos que, según se constata, cuesta menos de lo que dice que paga por ellos y se convierte por tanto en corrupción.
El fiscal general ha reaccionado prácticamente lavándose las manos. Es importante que señale que no tiene facultad el Ejecutivo de hacer lo que hizo, pero en vez de pedir inconstitucionalidad debiera pedir antejuicio, pues a cualquier estudiante de derecho le quedaría claro que las facultades de la Asamblea corresponden a ella y no al Consejo de Ministros ni al Presidente de la República.
Antes de finalizar el primer año de gobierno Bukele, queda claro para salvadoreños y para el mundo que irrespeta el orden jurídico, viola derechos humanos, destroza el Estado de Derecho; con sus acciones aumenta las consecuencias socio económicas que la pandemia acarrea y somete a nuestro pueblo a carencias mayores, al hambre, a la pérdida de su capacidad productiva, cerrando empresas a punta de fusil.
La Asamblea Legislativa tiene mucho que hacer, en primer lugar, librarse del chantaje y amenazas de los funcionarios del Ejecutivo, que perversamente buscan responsabilizarla de las muertes que ocurran, la guerra comunicacional que hasta hoy han manejado desde el Ejecutivo, se desploma cuando la gente por su propia inteligencia se percata del engaño que la comunicación y decisiones presidenciales acarrean a la gente.
Nuevamente señalo, para que la dictadura no se consolide la pueden detener el cumplimiento de atribuciones la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República y la propia Asamblea Legislativa y eso pasa porque responda el presidente y sus ministros de su propio autogolpe.
