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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El gobierno del presidente Nayib Bukele extendió por tres días más la Fase I del “Plan de Reapertura Económica: Hacia una Nueva Normalidad”. La decisión, asegura, fue tomada bajo las recomendaciones de expertos. El anuncio llega un día después de que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, que establecía que la Fase I estaría vigente hasta el 20 de agosto.
“De acuerdo a la Sala de lo Constitucional, esto es lo más que podemos hacer por esta pandemia, en cuanto a las medidas legales, que llegan hasta el 23 de agosto. Todo lo demás que podemos hacer (aún), serán recomendaciones de cumplimiento voluntario y atención a los enfermos”, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, al explicar la aplicación del Decreto Ejecutivo 33.
Ante el anuncio del nuevo Decreto Ejecutivo, organizaciones como Acción ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, El Movimiento Libertad la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, la Fundación Democracia Transparencia y Justicia, y la Fundación Nacional para el Desarrollo, emitieron un pronunciamiento en el que declaran nulo del decreto ejecutivo número 33 del ramo de salud.
Las organizaciones sostienen que el decreto ejecutivo 33 pretende extender hasta el 23 de agosto los efectos de la fase 1 del plan de reapertura económica, por lo cual modifica una normativa ya declarada inconstitucional y vuelve a imposibilitar el ejercicio de los Derechos Constitucionales de la población de manera generalizada.
Para ellos, la única normativa que regula la situación de la pandemia en nuestro país es el decreto 32, sólo si los órganos legislativo y ejecutivo se ponen de acuerdo para emitir una nueva normativa del rango que exige la Constitución, para ir más allá del 23 de agosto, como ha establecido la Sala.
“Hacemos el llamado a que la sala de lo constitucional certifique a la Fiscalía General de la República por el incumplimiento de sus sentencias y resoluciones… ante la evidente violación a la ley fundamental por parte de los funcionarios del Ejecutivo. La Fiscalía deberá garantizar las investigaciones por las conductas antijurídicas que corresponda, y promover las acciones ante la justicia sin limitarse la de carácter penal”, dice el escrito.
