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Presidente de la CEL, Daniel Álvarez dijo estar satisfecho del trabajo jurídico de la institución y señaló que esta era una parte de todo lo que se han robado de los bienes por la Presa El Chaparral.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El embargo decretado por el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador demuestra que la documentación presentada por la CEL es prueba que hubo irregularidades en la construcción de la Presa El Chaparral, dijo Orlando Quijano, Gerente legal de la CEL. Declaraciones que se dan luego de que el Juzgado de Instrucción emitiera la orden para el embargo por un monto de $227 millones 677,113.083 dólares contra la internacional Sociedad Astaldi Societa per Azione.
El Juzgado también ordenó un embargo preventivo sobre los bienes de los imputados José Leopoldo Samour y Mario Pieragostini Maiocchi. En esta resolución, también establece que es procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, a fin de que se lleve y se materialice el embargo preventivo en bienes propios de ASTALDI, siendo su presidente Paolo Astaldi y residente en ese país.
Daniel Álvarez, presidente de la CEL, dijo que esta institución ya no es una donde el que se venía a sentar de turno venía a robar. “Vamos a ir tras cualquiera que haya tocado un dólar de esta institución”, enfatizó.
Además, agregó que se está demostrando todo el dinero que se robó por la construcción de El Chaparral de forma indebida, a través de una red que incluye presuntamente al expresidente Mauricio Funes. Asimismo, explicó que entre los $227 millones embargados, hay un excedente de $61.3 millones pagados por la CEL a ASTALDI en un arreglo directo, $111.57 millones por daño emergente y $54.7 millones por los intereses pagados por los préstamos con el BCIE.
Por este caso son acusados, junto al expresidente Carlos Mauricio Funes, el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour, el empresario José Miguel Antonio Meléndez, mejor conocido como Mecafé, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y José Efraín Quinteros.
Los procesados relacionados con la controversia legal suscitada entre CEL y ASTALDI son S.p.a , sucursal El Salvador , por la ejecución del proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Chaparral, ubicada en San Luis La Reina, San Miguel, en el que hubo construcciones inconclusas que habrían derivado un pago de 105.5 millones de dólares que la CEL pagó a la empresa ASTALDI.
La investigación preliminar ha determinado que hubo un arreglo directo entre el presidente de CEL y el representante de ASTALDI por lineamientos del expresidente Funes que originó una presunta dádiva de 3.5 millones de dólares.
