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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Sin implicar de antemano, una conclusión sobre los hechos anteriormente expuestos, expresamos nuestra grave preocupación por el presunto uso indebido del derecho penal contra los defensores de los derechos humanos”, invoca la correspondencia dirigida gobierno del presidente Nayib Bukele, en el caso los ambintalistas y líderes comunales de Santa Marta y ADES.
“Así como la detención provisional y las presuntas restricciones en sus comunicaciones con sus familiares y su equipo legal. Tememos que el caso sea un intento de intimidar a los y las que buscan defender el medioambiente en el país, y sobre todo a quienes defienden derechos humanos de los impactos negativos de la minería”, detallan el texto oficial de las cuatro relatorías.
La correspondencia fue firmada por Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos; Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; David R. Boyd, relator especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionados con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible y por Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, pertenecientes a las relatorías del Sistema de Naciones Unidas.
“En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con alegatos de supuesta detención arbitraria contra cinco defensores del medio ambiente”, señalan.
Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, son personas defensoras de los derechos humanos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES-Santa Marta) . Mientras, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio son líderes de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, reconoce la misiva.
Estos defensores ambientales formaron parte de un “exitoso movimiento para proteger las fuentes de agua del país de los impactos negativos de la minería metálica”, que terminó con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, votada casi por unanimidad por la Asamblea Legislativa, en el año 2017.
Las Relatorías Especiales de la ONU señalaron su responsabilidad y mandato que les otorga el Consejo de Derechos Humanos, con el fin de esclarecer las alegaciones de las que tienen conocimiento.
Además, piden salvaguardar los derechos de los ambientalistas y “protegerlos de posibles daños irreparables y sin, con ello, perjudicar ninguna acción o decisión legal posterior”.
Los Relatores Especiales hicieron una serie de peticiones, entre ellas informes y comentarios del Estado de El Salvador, sobre el caso ADES Santa Marta, y las alegaciones mencionadas, y el manejo que se ha realizado desde su captura el pasado 11 de enero del presente año.
“Sírvase proporcionar información sobre la base legal para la detención y los procedimientos judiciales emprendidos contra los señores Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, así como sobre la decisión y justificación de que el caso procesal quede bajo reserva”, acotaron.
“Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para garantizar a las personas detenidas bajo cargos penales el debido proceso y un juicio justo, independiente e imparcial, con las garantías necesarias para una defensa adecuada. Y proporcionar información sobre las condiciones de detención de los defensores de los derechos humanos”, indican los relatores.
Los relatores pidieron al gobierno del presidente Nayib Bukele información sobre “cualquier restricción” que se haya ejercido a las comunicaciones entre los detenidos con sus familiares y equipo legal, así como, proporcionarles los detalles sobre la base legal y justificación de estas decisiones.
“Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por su Gobiernos para garantizar que la búsqueda de la justicia histórica no se emplea para restringir el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos”, señalan.
“Sírvase proporcionar información sobre qué medidas ha tomado el Gobierno para proporcionar un entorno seguro y propicio en el que las personas, los grupos y los órganos de la sociedad que se ocupan de los derechos humanos de del medio ambiente puedan actuar libres de amenazas, acosos, intimidación y violencia”, indicaron.
Entre las referencias del derecho internacional que les fueron anexadas al gobierno salvadoreño por las Relatorías Especiales, destacan los enunciados de los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificados por El Salvador el 30 de noviembre de 1979, y por tanto de obligatorio cumplimiento.
“El artículo 9 del PIDCP establece que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Como ha subrayado el Comité de Derechos Humanos. Es arbitraria la detención o la reclusión como castigo por el ejercicio legítimo de los derechos garantizados en el Pacto”, indican.
“Quisiéramos también llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, nos referimos a los artículos 1 y 2 que declaran que toda persona tiene derecho a promover y procurar protección y realización de derechos humanos”, expresan al gobierno salvadoreño.
De acuerdo con el periodista y activista social, Leonel Herrera, en su respuesta, enviada dos meses después, “el gobierno de los Bukele miente, miente descarada y cínicamente. La nota, firmada por la Comisión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, niega todos los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas contra los defensores ambientales de Santa Marta y ADES cometidas por la Fiscalía General de la República, el Sistema Penitenciario y los tribunales de justicia (Juzgado de Paz de Victoria, Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque)”. “El gobierno afirma en su respuesta que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos, que la acusación es legal, que no se ha vulnerado el debido proceso y que todos sus derechos han sido garantizados. Nada más alejado y distinto a la realidad.”, señala Herrera
