Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Yaneth Estrada
@caricheop
La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Doris Luz Rivas confirmó procesos en agenda contra el expresidente de PROESA Sigfrido Reyes, el exvicepresidente Oscar Ortiz, y el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
A estos exfuncionarios se agregan “otros (cerca de 24 expedientes activos), pero no tengo acá todos los datos”, detalló la magistrada durante un evento de CRISTOSAL realizado este martes en un hotel capitalino. Sin embargo, agregó que “a medida vayan avanzando en el pleno se conocerán” las disposiciones de las investigaciones.
“No es tan fácil, por una parte está el tema de la exposición de la parte financiera y el de los ingresos y egresos; luego están los hallazgos, por otra parte están cuáles son las informaciones que se presentan para desvanecer estos hallazgos que en ese estadio prejudicial se puede desvanecer o no, los indicios que se puedan encontrar”, explicó.
Esto con base al artículo 240 de la Constitución que dispone que no pueden iniciarse juicios por enriquecimiento ilícito, si no es dentro de los diez años siguientes a la fecha en que un funcionario haya cesado en el ejercicio de su cargo.
Los tiempos y hallazgos
En el caso de Reyes, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dice tener presuntas “irregularidades” en su patrimonio y el de su familia. Igualmente Ortiz estaría siendo analizado por su declaración patrimonial, primero como alcalde de Santa Tecla 2000-2014 y luego como vicepresidente de la República durante el período 2014-2019. Mientras que en caso de Salvador Sánchez Cerén entraría desde su cargo como ministro de Educación Ad Honoren y vicepresidente de la República en 2009 hasta 2014, durante el gobierno de Mauricio Funes y como presidente de junio de 2014 hasta junio de 2019.
Rivas también aclaró que con dos expresidentes condenados por casos de corrupción y lavado de dinero y activos, “se mantiene la decisión del pleno (tomada en enero pasado por once magistrados), que sostiene que después de diez años no se puede investigar, pero hay algunas resoluciones que creo que va a haber que ir aclarando en el transcurso del tiempo”.
