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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó esta semana el Reglamento para la Tramitación de las Diligencias de Investigación y Comprobación Patrimonial de Funcionarios y Empleados Públicos, que servirá para regular el procedimiento de investigación de las declaraciones patrimoniales presentadas por funcionarios y empleados públicos a la Sección de Probidad.
La CSJ planteó que este nuevo reglamento evitará que la toma de decisiones con respecto a la existencia o no de indicios de enriquecimiento ilícito se haga de forma “discrecional” y “variada”.
Además, el reglamento establece entre otros aspectos, las atribuciones de la Comisión de Ética y Probidad; la determinación de los indicios de enriquecimiento ilícito; las actividades de la Sección de Probidad referidas al procedimiento de investigación y comprobación; los criterios para ordenar las diligencias de comprobación de la información de las declaraciones patrimoniales; y los plazos para presentarlas, los cuales quedaron fijados en sesenta días con la posibilidad de solicitar una prórroga única de 30 días.
El nuevo reglamento también toma en cuenta para ordenar el inicio de las diligencias de comprobación de la veracidad de la información de las declaraciones criterios temporales, de jerarquía del cargo y nivel de responsabilidad, denuncias, así como se tendrá en cuenta a funcionarios suplentes.
De acuerdo a esta nueva normativa, la Sección de Probidad de la CSJ llevará a cabo el registro de los sujetos obligados a rendir una declaración jurada de patrimonio, así como será su responsabilidad la recepción, custodia y comprobación de las declaraciones y la materialización de la imposición de multas.
