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Redacción Nacionales
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La Fundación Cristosal interpuso este miércoles un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos en los que ha incurrido el viceministro de Justicia y director general de Centros Penales, Osiris Luna, funcionarios del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y otras personas vinculadas, de acuerdo con investigaciones periodísticas.
En el caso del ISTA, Cristosal aseguró que una parte de los funcionarios y de la alta gerencia deberían ser investigados por la venta de propiedades costeras a $11,000, “ sin explicaciones claras”. También indagar las compras irregulares de estas propiedades por personas sin cumplir requisitos legales, incluyendo la reventa a una socia vinculada a la madre del director de Centros Penales, lo que plantea posibles delitos de corrupción.
En relación con este caso, la organización sostuvo que la Fiscalía también debería investigar el presunto uso de personas privadas de libertad en proyectos que benefician a individuos particulares por parte del director de Centros Penales, sin justificación aparente, lo que podría constituir el delito de “utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad y otros” como actos arbitrarios o malversación de vehículos estatales para fines personales.
Luego que estos hechos fueron revelados por El Faro y El Diario de Hoy, los inmuebles se donaron al Estado en previsión de inversión pública en una supuesta planta desalinizadora de agua, la cual actualmente está en pausa. “Las investigaciones fiscales deben determinar si los funcionarios involucrados cometieron encubrimiento o si formaron parte de un plan para su propio beneficio, lo que podría considerarse como agrupaciones ilícitas”, subrayó Cristosal.
La organización no gubernamental espera que la FGR inicie las investigaciones y procedimientos penales contra aquellos que se determinen como autores o cómplices en los delitos relacionados con los hechos señalados. Además, se solicitó que las investigaciones aclaren la cadena de mando responsable de las decisiones “que ocasionaron un grave daño al patrimonio público”. Esto permitirá identificar a los responsables individuales y, en su caso, determinar la responsabilidad de otros posibles infractores. La fundación consideró que la lucha contra la corrupción empieza por no permitir la impunidad y por una apuesta clara por la transparencia.
Ruth López, jefa de la unidad de anticorrupción y justicia explicó que la Fiscalía tiene una obligación constitucional de investigar los posibles delitos. “En primer lugar sobre la transferencia de inmuebles del ISTA a particulares sin el debido proceso. No consta como fueron transferidos terrenos a personas particulares”.
El Faro reveló que privados de libertad trabajaban en una propiedad privada frente al mar, en un lugar conocido como Playa Las Hojas. Según el mapa y la información del Centro Nacional de Registros, el área de construcción estaba a nombre de una abogada y dueña de un grupo de sociedades que han sido administradas por Alma Yanira Meza, la madre del director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
