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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Representantes de organizaciones ambientalistas, sociales, de derechos humanos y la iglesia católica se presentaron ante la Embajada de Guatemala en El Salvador, para entregar al embajador guatemalteco, Rubén Estuardo Nájera, una carta en la cual solicitan, respetar los resultados de la Consulta Municipal de Vecinos, realizada el 18 de septiembre de 2022, a fin de que la minería Cerro Blanco, no siga operando en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala.
Las organizaciones ACAFREMIN, Laudato Si Asunción Mita, la Mesa Nacional Frente a la Minería, el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, y Madre Selva, reiteraron que los pueblos fronterizos entre Guatemala y El Salvador demandan el cierre técnico de la Mina Cerro Blanco de Elevar Resources, que ahora es dueña de la mina.
María del Carmen Sifuentes Salguero, con un legado histórico como maestra de educación primaria en Asunción Mita y 50 años de ejercicio magisterial, manifestó que venían a unirse junto a la hermana república de El Salvador para “ser escuchados”, y que el embajador Nájera se convierta en el “portavoz de nuestra lucha desde hace muchos años”, en defensa de derechos ambientales y humanos del vecino país.
No obstante, la Consulta Municipal de Vecinos que movilizó al voto, el pasado 18 de septiembre de 2022, alrededor de 8, 593 mitecos (87.98%), de los cuales 7 mil 481 votaron por el “no a los proyecto mineros”, y 904 por el sí a la minería, lo que consideró la maestra Sifuentes, como la muestra “clara” de la voluntad del pueblo contra la operatividad de la mina Cerro Blanco.
No obstante, los propietarios del proyecto minero, al conocer los resultados de la Consulta Municipal de Vecinos, se pronunció en contra y la calificó de “ilegal”.
Y alegó que esa operación minera era de “recuperación rápida y alto grado de producción con 2, 6 millones de onzas de oro” y que los grupos “antimineros” difundieron información no fiable sobre la Mina Cerro Blanco.
“Todos nosotros estamos de acuerdo que esta consulta de vecinos realizada hace un año, fue una consulta vinculante de acuerdo a los artículos del 60 al 67 del Código Municipal vigente en Guatemala. Y no usurpamos ninguna función de la municipalidad de Asunción Mita”, acotó Sifuentes.
Sifuentes señaló que el mismo gobierno municipal formó una comisión específica que iba a regir esta consulta municipal de vecinos, y que ella, como integrante de esa comisión enfrentó desafíos y luchas con muchas instituciones y personas para que se realizará de forma legal y transparente.
“Queremos exigir desde aquí (El Salvador), porque ya lo hicimos en Guatemala, la petición que paren este proyecto minero y acepten los resultados de la Consulta Municipal de Vecinos, porque fueron 7 mil 481 personas que votaron sí a la vida, y no a la minería, frente a los 904 que votaron por el sí a la minería”, agregó.
“Queremos que nuestro embajador sea portavoz ante nuestro gobierno -que ya es casi desaparecido- del presidente Giammattei,que entregará el mando al nuevo presidente -aunque no quieran- pero no queremos que le deje -una pacalla grande” (problema) al nuevo gobierno”, argumentó.
Sobre la petición de la población de Asunción Mita, María del Carmen Sifuentes agregó: “queremos el cierre de la mina, que se acepte los resultados de la consulta de vecinos y que la Corte Constitucional sea la que dé un veredicto final -en donde- reconozca la autodeterminación del pueblo miteco que es no a la minería. Y no es no”, alegó.
Asimismo, Claudia Rodríguez, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, señaló que se sumaban al pueblo guatemalteco contra todo tipo de minería y en especial la metálica que afecta de manera irreversible en algunos casos los bienes naturales de los países que genera contaminación e implicaciones de salud a los pueblos .
“La minería metálica afecta nuestros entorno ambiental y nuestros derechos humanos como mujeres y hombres, y hasta las personas que defendemos la vida. Es un proyecto extractivo de oro sobre un sistema geotérmico sensible que se extiende por la región del Trifinio (Honduras, Guatemala y El Salvador”, dijo Rodríguez.
“La Consulta Municipal de Vecinos se celebró con un resultado contundente en donde un total de 7 mil 481 personas votaron por el no a la minería, y eso no lo pueden obviar las autoridades de gobierno municipales y nacionales. No puede ser revertida la voluntad de un pueblo”, agregó.
Mientras, Nely Rivera, de la Asociación de Mujeres Ambientalistas (AMAES), comentó que han pasado 15 años en la lucha social de oposición contra la mina Cerro Blanco, no obstante el silencio de los gobiernos pasados y el actual.
“Hemos gestionando con diferentes gobiernos y no han hecho nada, tampoco la actual administración no ha dicho una palabra. Pese a tener ese -prestigio internacional- que ha ganado, pero, no lo utiliza para salvaguardar el agua de los y las salvadoreñas”, expresó.
“Seguiremos denunciando, demandando y exigiendo que el proyecto Cerro Blanco se detenga y que haya una política para establecer un Acuerdo de Aguas Transfronterizas con enfoque de Cuenca. Venimos a la Embajada de Guatemala, sabiendo que tanto guatemaltecos como salvadoreños somos los mismos pueblos, las fronteras son líneas imaginarias que no las han trazado los pueblos, sino los intereses particulares de industrias extractivas y empresas mineras”, reafirmó.
En la carta al embajador Rubén Nájera, las organizaciones plantean que la empresa canadiense Bluestone Resources adquirió el proyecto de la empresa GoldCorp en el año 2017, para promocionarlo en mercados internacionales como un proyecto autorizado, pese a que los ministerios de Medio Ambiente y Energías y Minas de Guatemala en reiteradas ocasiones negó la existencia de esa información.
Y fue en el año 2017 que Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone Resources en Guatemala, presentó una “actualización del Estudio de Impacto Ambiental de 2007”, para que el Ministerio de Medio Ambiente le autorice la conversión de una “mina de túnel a cielo abierto”, lo que las organizaciones consideran una manipulación de las leyes ambientales.
Las organizaciones solicitaron que el proyecto minero Cerro Blanco sea cancelado, “ya que es un proyecto que ha sido aprobado de manera irregular y sin Estudios de Impacto Ambiental” que sean adecuados y que garanticen el derecho humano al agua, a un medio ambiente sano y sostenible con el derecho humano a la salud.
Asimismo, que las autoridades guatemaltecas retomen el diálogo de la Comisión Binacional con autoridades salvadoreñas, orientado a proteger las cuencas transfronterizas para garantizar el derecho al agua de las personas.
