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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación Cristosal anunció hoy varias acciones legales a nivel nacional e internacional, para exigir transparencia en el uso de fondos en la compra de bitcoin por parte del Estado, así como para que este responda a los afectados por la empresa Chivo S.A de C.V.
Dichas acciones abordan desde la reserva de información en la entrega de recursos públicos a través de fideicomisos, la adquisición de todo el montaje físico y virtual de la plataforma de la billetera digital promovida desde el Gobierno; hasta el fraude por hurto de identidad en Chivo Wallet.
La primera es una inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), ya que estas permiten la reserva de toda la información relativa a las operaciones de los fideicomisos que BANDESAL administre, como FIDEBITCOIN, constituido con $150 millones, y FIREMPRESA, de $600 millones.
La segunda acción es ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que informe el estado de la denuncia interpuesta y admitida hace un año y derivada a su Coordinación de Dirección de Auditoría, sobre la continuidad de las diligencias de la investigación del uso de recursos en la construcción de cabinas, adquisición de cajeros, instalación de plataforma y aplicación para la convertibilidad y manejo del bitcoin.
Mientras que la tercera acción es elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicie un caso contra el Estado salvadoreño por no proteger a los ciudadanos frente a una empresa que ha vulnerado la vida privada y autodeterminación informativa de conformidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esto ya que ha transcurrido un año sin respuesta al amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional contra la empresa Chivo S.A de C.V por 228 víctimas.
