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Ciudad de Guatemala / AFP
Grupos sociales y humanitarios iniciaron la batalla legal para impedir que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, promulgue una polémica reformas legal que otorgan al gobierno más poderes para controlar a las organizaciones no gubernamentales.
Cuatro organizaciones sociales presentaron este jueves ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo contra las reformas que el Congreso hizo el martes a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), una de las cuatro entidades que presentaron el amparo, dijo que la reforma «violenta derechos constitucionales»; entre ellos los de libre asociación y expresión.
El miércoles, la entidad Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, también presentó un amparo en la misma Corte al considerar que las reformas atentan «contra la libertad de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica» de los guatemaltecos.
Las reformas fueron aprobadas el martes con el voto de 81 de los 160 diputados, la mayoría de bloques derechistas, encabezados por el partido oficialista VAMOS.
La nueva legislación crea un mayor control estatal a las finanzas de las oenegés y da al gobierno la posibilidad de intervenirlas y disolverlas si considera que están alterando el orden público, entre otras facultades.
Giammattei declaró la víspera que analizará el decreto ley que aprueba las reformas antes de decidir si lo promulga o veta, aunque insistió que los guatemaltecos «sin excepción» deben «aprender» que la transparencia debe regir en el manejo de fondos públicos.
Reyes comentó que muchas «organizaciones de fachada» son creadas por diputados y realizan diversos proyecto de infraestructura y desarrollo para el Estado guatemalteco.
«Existe un riesgo inminente si se sanciona porque vulneraría derechos y preceptos constitucionales» que les ha costado ganar a la población para tener una «participación ciudadana democrática».
Asimismo más 200 organizaciones nacionales e internacionales rechazaron las reformas al considerar que violan preceptos constituciones.
