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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Teniendo en cuenta el alza en el numero de salvadoreños afectados por el desplazamiento forzado interno, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que estudia el anteproyecto de Ley Especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno acordaron la creación de un sistema para apoyar a quienes resulten victimas de este flagelo.
El denominado Sistema Nacional de Atención y Protección para Personas Desplazadas Forzadamente tendrá como ente rector al Ministerio de Justicia y Seguridad y se encargará de salvaguardar los derechos de las victimas de desplazamiento forzado interno.
“Hemos avanzado bastante en más de 15 artículos, llegamos a acuerdos muy importantes en cuanto a funciones del comité técnico y del sistema y vamos a los más importante que es el tema del presupuesto y de donde saldrán los fondos, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, dijo Javier Valdés, diputado del FMLN.
En cuanto al financiamiento de la legislación en estudio, organizaciones de derechos humanos como Cristosal presentaron la
semana pasada una propuesta para que se incremente el impuesto a la venta de armas y con estos recursos se atienda a las victimas de desplazamiento forzado interno el cual se verá en la próxima sesión de la instancia legislativa.
Valdés externó que entre los avances sustanciales logrados en la sesión de la comisión esta lo referente a los mecanismos de atención a personas los cuales se implementarán de oficio o a petición de partes en referencia a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las funciones de la institucionalidad que implementará la ley están las de diseñar, aprobar, evaluar y difundir toda la política que tenga que ver con el desplazamiento forzado, establecer los lineamientos para la implementación de un plan nacional de acción.
Uno de los temas en que los partidos políticos tenías posiciones encontradas tiene que ver con el papel que desempeñaría la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la comisión encargada de la legislación ya que si bien para algunos debía integrar dicha entidad otros consideraban que no era viable porque se convertiría en juez y parte.
“La procuraduría no puede convertirse en juez y parte ya que su función principal es velar y controlar el respeto a los derechos humanos en nuestro país y en este caso ellos tendrán que calificar desde afuera la actuación y funcionamiento de las instituciones que tengan que ver con la protección de las personas desplazadas forzadamente”, afirmó Mario Tenorio, diputado de GANA.
Al final y para avanzar en el estudio de la legislación, los legisladores acordaron dejar a la PDDH fuera de la comisión sin
embargo la institución podrá desarrollar el papel que le corresponde en razón de llamar la atención cuando se viole algún derecho.
