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Redacción Nacionales
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La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) condenó el Régimen de Excepción que en el caso de El Salvador se ha vuelto un estado permanente, violatorio de la Constitución de la República y de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Después de ocho prórrogas, El Salvador continúa sometido a un Estado de Excepción, que rompe los fundamentos constitucionales exigidos para la misma declaración de esta medida. Hasta el 8 de noviembre se contabilizan 56,847 capturas ilegales sin orden judicial.
Las capturas masivas incluyen la detención de aproximadamente dos mil niños y adolescentes, como el caso de los ocho jóvenes capturados violentamente por efectivos militares en la comunidad Amando López, como represalia por participar en una obra de teatro que denuncia la represión del régimen.
Según la COPPPAL, durante el Régimen de Excepción se ha capturado a familias enteras, como el caso de la familia Sandoval, en Tacuba, Ahuachapán, dejando a 12 niños en total desamparo. Las personas privadas de libertad están sometidos a un virtual desaparecimiento, en tanto se les mantiene bajo una incomunicación total, incluyendo de sus propias familias.
Como resultado de las vejaciones cometidas por agentes del régimen, incluye torturas y la negación de atención médica oportuna a los internos. A lo largo del Régimen de Excepción se registran a la fecha más de 100 personas muertas dentro de los penales. Las madres, padres, esposas e hijos se enteran del fallecimiento de sus familiares encarcelados hasta que una empresa funeraria llama para ofrecer sus servicios, o días más tarde, cuando el gobierno ya no puede ocultar dichas muertes.
Los mismos agentes del régimen aceptan haber enterrado sus cadáveres en fosas comunes, sin consultar ni comunicar oportunamente a sus familias.
Mientras el régimen proclama que ha desatado una supuesta “guerra contra las pandillas”, cubre con un manto de impunidad a cabecillas de bandas criminales, impidiendo la extradición de algunos líderes de esos grupos delincuenciales, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos, donde son requeridos por el cometimiento de graves crímenes.
Para llevar a cabo esta política, el régimen y sus aparatos para-gubernamentales impulsan una permanente campaña de terror, persecución y acoso a las entidades y personas dedicadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos, asimismo, cooptando el sistema de justicia, los grupos en el poder se dotan de una coraza de impunidad para sus propios ilícitos.
Organizaciones comunitarias y defensoras de los derechos humanos, como las Comunidades Eclesiales de Base, el Socorro Jurídico Humanitario y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), denunciaron que luego de la presentación de 2,000 habeas corpus no han recibido respuesta alguna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a lo largo de muchos meses.
La COPPPAL rechaza el espionaje, acoso y exilio a los periodistas, así como el ataque sistemático a los medios independientes, de la misma manera que el ataque montado contra la ciudadanía crítica en las redes sociales.
También condena la manipulación de la justicia o lawfare, enfilada por el régimen contra la oposición política y social, y al servicio de su propia impunidad.
