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Gloria Silvia Orellana
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“Hemos hecho este ejercicio de monitorear y evaluar como ha ido la implementación de la Política de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil, porque creemos fundamental recuperar el énfasis en la contraloría social”, dijo el director del Servicio Social Pasionista, el padre Carlos San Martín.
Lo anterior fue expresado durante la presentación del “Informe de implementación de la Política de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil (2020-2022), así como la Política de la Juventud de la Policía Nacional Civil, en la búsqueda de contribuir a la “fiscalización social de los funcionarios a cargo de la seguridad ciudadana, en contextos fragmentación y polarización”.
El Servicio Social Pasionista (SSPAS) cuenta con una experiencia de varios años en la investigación de estos temas y, particularmente, las contralorías sobre la violencia social y violación de derechos humanos, en diferentes contextos situacionales del país.
“En el marco de este informe hemos identificado que se prioriza más una dinámica de toma de decisiones coyunturales o mediáticas, yse va perdiendo un poco el pensamiento estratégico, las planificaciones a largo plazo o estrategias de país, que puedan realmente generar cambios estructurales no simplemente responder a cuyunturas”, expresó San Martín.
San Martín planteó que este ejercicio de medición de la efectividad de estas políticas pueden responder otros cuestionamientos relacionados a los vacíos que existen sobre lo implementado. Cuáles son los aspectos que se necesitan mejorar o fortalecer y, por último, que estas políticas puedan realmente aplicarse de manera eficaz en la población salvadoreña.
“Como SSPAS, siempre trabajamos por tener insumos más profundos y propuestas más concretas de calidad, buscando en todo momento romper esa dinámica de engavetar las políticas y planes por lo inmediato, según lo que interesa en ese momento. Hay que dar importancia a la contraloría social que es fundamental no perderla como sociedad para fortalecer el Estado de derecho”, argumentó el religioso.
PNC la puerta de acceso al sistema de justicia
Gabriela Colocho, responsable de la Unidad de Protección Integral de Derechos Humanos del SSPAS, presentó algunos de los hallazgos de la evaluación de ambas políticas de la Policía Nacional Civil y su cumplimiento en los últimos años.
“Consideramos pertinente realizar un ejercicio de -veeduría ciudadana-, contemporáneamente este término ha sido utilizado en América Latina para referirse a iniciativas de control de la gestión pública ejercidas por la ciudadanía, que fortalecen la vigilancia ciudadana sobre asuntos de interés público”, explicó.
“Este es un ejercicio que nos permitió abordar el monitoreo a la Política de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil y la Política de Juventud de la Policía Nacional Civil, permitió tener más claro, la aplicación o no, de estos marcos jurídicos y propuestas a corto mediano y largo plazo, para mejorarlas”, sostuvo Colocho.
Retomando las principales guías de la Política de Derechos Humanos de la PNC (PDH) se formularon cinco “áreas de impacto”, señaló Colocho, donde se encontraron con diferentes obstáculos para este ejercicio por falta de la información solicitada, porque tiene reserva o fue insuficiente para la medición del indicador.
“El monitoreo de los marcos de referencia es para que ayuden de alguna manera a generar exigencias a la entidad, y en este caso a la Policía Nacional Civil, porque la Política de Derechos Humanos tiene como objetivo transversalizar este enfoque de respeto de la autoridad a la ciudadanía”, dijo.
“La apuesta de estas políticas es identificar líneas, y a través de los programas a la acción y formación transversal de derechos humanos, con miras a este valor fundamental de la PNC, de construir una sociedad democrática, nacida de los Acuerdos de Paz, y su incidencia de ser una policía ciudadana”, expresó Colocho.
Régimen de Excepción y la PNC
Colocho recordó que desde el 27 de marzo de 2022 se declaró el Régimen de Excepción, como medida de respuesta a 87 homicidios cometidos los días 25 y 27 del mismo mes.
“Investigaciones periodísticas determinaron que este repunte fue un rompimiento del pacto del gobierno con las pandillas. Y para Amnistía Internacional, la declaración del Régimen de Excepción se constituyó en violaciones masivas de derechos humanos”, indicó.
“A la fecha de publicar este documento, el Régimen de Excepción se ha prorrogado en 22 ocasiones, en donde 75 mil 163 personas han sido detenidas por ser presuntamente parte de estructuras pandilleriles. Organizaciones de la sociedad civil contabilizan 5 mil 775 víctimas de violaciones a derechos humanos por detenciones arbitrarias, más de 150 muertes bajo custodia estatal y con signos de tortura”, resaltó.
En los registros de abusos policiales, los derechos más vulnerados se relacionan al derecho a la libertad personal (275 casos), el derecho a la seguridad personal (235) que están relacionadas a las detenciones arbitrarias ocurridas en el contexto del Régimen de Excepción, manifestó Colocho.
En cuanto a las recomendaciones del SSPAS sobre ambas políticas de la Policía Nacional Civil, y su aplicación, está la de “garantizar la coherencia entre la ejecución de una Política de Derechos Humanos en la institución“, para evitar la represión o abusos de poder en territorios históricamente de población vulnerable.
Incoporar a la Política de Derechos Humanos (PDH) un Plan Operativo Anual y en la Planificación Estratégica de la Institución, así como la actualización de la PDH, recomendó la institución.
“Tomar en cuenta la nueva reorganización territorial de El Salvador, en el marco de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, y eliminar de manera expedita la reserva de información sobre distintos ámbitos de la PDH de la Policía Nacional Civil, sobre todo del control interno y rendición de cuentas”, urgió Colocho.
