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@JoakinSalazar
“La representación Fiscal está haciendo una interpretación errónea de la responsabilidad civil y penal del Acuerdo Marco” que puso fin al litigio entre el Estado de El Salvador y la transnacional EnelGreen Power, sovaldi sale expresaron representantes de diversas organizaciones sociales y civiles.
Las organizaciones sociales aclararon que la extinción de la responsabilidad civil y penal no procede en los ex funcionarios de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), puesto que el acuerdo Marco establece que se extinguiera definitivamente e irrevocablemente la acción civil y penal solo a personeros de la empresa italiana.
En el acuerdo se establece, en el Artículo tres, literal uno, que no se puede procesar a los empleados, directivos, representantes de la empresa EnelGreen Power.
Las organizaciones rechazan que
“El Fiscal y otra gente interesada en absolver de responsabilidades penales y civiles a los involucrados en el caso CEL Enel”.
La Fiscalía considera que ya no se les debe procesar porque en el acuerdo comercial con la Enel se les excluyó del juicio, lo cual no es cierto, explicó Leonel Herrera, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).
Los representantes de la organizaciones sociales explicaron que los ocho implicados, que actualmente esperan la vista pública, deben enfrentar su responsabilidad en el fraude cometido contra el Estado salvadoreño, por beneficiar a la empresa italiana.
Asimismo, denunciaron que existe una manipulación mediática con respecto al caso, donde se valen de medios de comunicación afines y de instituciones como FUSADES, bajo los argumentos que este juicio afectaría la inversión económica para el país.
“Están defendiendo a los implicados por el delito de corrupción, el Fiscal mismo está actuando en defensa de los imputados”, denunció Herrera.
Y es que durante las últimas semanas algunos medios de comunicación de derecha han presentado información en la que explican que el Estado Salvadoreño podría ser objeto de una denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por parte de la empresa italiana Enel Green Power. Según los representantes de las organizaciones sociales, dichas acusaciones no son reales, debido a que con la realización del juicio no se violenta lo establecido en el Acuerdo Marco, firmado en diciembre de 2014.
“El Acuerdo Comercial incluyó la liberación de sanción penal y civil solo a empleados de Enel, por lo tanto, continuar con la acción penal y civil contra los ex funcionarios es una responsabilidad de la FGR”, comentó Ramón Villalta, representante de Iniciativa Social Para la Democracia (ISD).
Además, denunció que se realiza una manipulación, para hacer creer que el juez Séptimo de Instrucción, Miguel García, persigue políticamente a ex funcionarios de la CEL.
“Lo que el Juez está haciendo es llevando adelante la justicia, teniendo de referencia el acuerdo comercial y cumpliendo con la responsabilidad que la Ley le manda para perseguir mediante la acción penal a los responsables de haber cometido el delito”, reiteró Villalta.
La campaña mediática lanzada busca confundir a la ciudadanía acerca de los alcances del Acuerdo Marco y liberar de posibles responsabilidades a los ex funcionarios implicados, explicaron los representantes.
Para las organizaciones, existe una doble moral de los medios de comunicación e instituciones que solicitan erradicar con la corrupción en el país, pero defienden a los ex funcionarios que están siendo procesados por actos de corrupción.
“La Fiscalía está protegiendo a personas involucradas en actos de corrupción”, recalcó Ramón Villalta.
Ante estas acciones, las organizaciones sociales reiteran el llamado a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional, para que actúen en contra del Fiscal General Luis Martínez, dado que ha demostrado su incapacidad en el cargo que ostenta.
Inadmisible solicitud de cambio de delito
Ayer, la Cámara primero de lo Penal declaró inadmisible, por improcedentes, los recursos interpuestos por cuatro defensores de los ocho imputados en el caso conocido como CEL- Enel, en la que solicitaban el cambio del delito de peculado.
Los magistrados de la Cámara determinaron la inadmisibilidad de la solicitud, debido a que en la etapa de instrucción los abogados pidieron la modificación del ilícito de peculado a negociaciones ilícitas al juez séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García.
Sin embargo, se analizó que este delito, como los otros, son de carácter provisional y que quedarán calificados o modificados luego de una sentencia definitiva, de llegar hasta esa instancia (Vista Pública)
Por tal razón, la cámara declaró sin lugar el cambio de tipificación del delito.
Como consecuencia de la negativa del cambio de ilícito penal, el juez declaró sin lugar la petición de la defensa, donde buscaban revertir la resolución del Juez García.
La apelación era solicitada para los imputados Guillermo Alfredo Sol Bang, Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar, Thomas Roy Hawk Baker acusados por peculado y en grado de coautoría José Ricardo Palomo Deneke, y en grado de cómplice Miguel Ernesto Lacayo Argüello.
La Apelación de parte de la defensa se da luego que el Juez Séptimo de Instrucción decretara que ocho de los nueve implicados irán a juicio penal por el delito de peculado, dejando absuelto a José Vicente Machado, directivo de EnEl Green Power.
En cuanto a esta situación las organizaciones expresaron que la intensión de la defensa era que al cambiar el delito podrían declarar que el delito prescribió, hecho que dejaría en libertad de cargos a los implicados.
