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Redacción Nacionales
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El consultor internacional y experto en seguridad Luis Enrique Amaya consideró razonable la decisión del Gobierno salvadoreño de buscar a los cuatro militares desaparecidos y de enviar un contingente militar a Haití para localizarlos. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de una intervención prolongada, las dificultades para establecer una salida y las implicaciones políticas y diplomáticas de la operación.
Durante una entrevista con el periodista Leonel Herrera, en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Amaya sostuvo que la situación de seguridad de Haití no puede compararse directamente con la que enfrentó El Salvador durante los años de mayor presencia de pandillas. A su juicio, aunque existen algunos elementos comunes, las estructuras criminales haitianas tienen características y dinámicas diferentes.
El especialista señaló que utilizar el mismo término para describir ambos fenómenos puede conducir a interpretaciones equivocadas. En El Salvador existían principalmente dos estructuras criminales, la Mara Salvatrucha y las dos facciones de Barrio 18, mientras que en Haití operan numerosas organizaciones armadas, con distintas alianzas y formas de control territorial.
Los riesgos de la operación en Haití
Amaya consideró que las críticas dirigidas al presidente Nayib Bukele por anunciar el envío de efectivos para buscar a los cuatro militares desaparecidos deben tomar en cuenta la responsabilidad de un mandatario ante la desaparición de integrantes de sus fuerzas armadas en otro país.
A su juicio, el Gobierno salvadoreño tenía que actuar y mostrar disposición para localizar a sus militares. También reconoció que, en condiciones ideales, habría sido preferible activar mecanismos diplomáticos y coordinar la búsqueda con las autoridades haitianas y la fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas.
No obstante, explicó que esas alternativas deben analizarse considerando la debilidad institucional de Haití y las limitaciones de la misión internacional desplegada en ese territorio, que no necesariamente cuenta con una capacidad militar suficiente para controlar la situación.
En ese contexto, calificó como razonable la decisión del gobierno salvadoreño, aunque planteó interrogantes que considera fundamentales: cuánto tiempo permanecerá el contingente en Haití, cuáles serán sus restricciones legales y operativas y, principalmente, bajo qué condiciones abandonará el territorio.
Para el consultor, la salida constituye uno de los principales desafíos de cualquier intervención militar, incluso para países con mayores capacidades. Entrar en un territorio puede resultar relativamente sencillo, pero retirarse sin quedar comprometido en un conflicto prolongado representa una dificultad mucho mayor.
Asimismo, consideró que las relaciones bilaterales entre los gobiernos de El Salvador y Haití tendrán un peso determinante en el desarrollo de la operación. Aunque reconoció la importancia de Naciones Unidas, estimó que los entendimientos directos entre ambos Estados podrían resultar más decisivos para establecer las condiciones de permanencia y salida de los efectivos salvadoreños.
La disputa por el relato político
Otro elemento que destacó Amaya es la dimensión comunicacional de la operación. Según explicó, en los conflictos políticos y militares existe una disputa por imponer una interpretación de los acontecimientos, mediante el control de las palabras y sus significados.
En ese sentido, expresó preocupación por el cambio que podría experimentar la narrativa oficial salvadoreña, pasando del objetivo inicial de localizar con vida a los cuatro militares desaparecidos a presentar la intervención como una contribución para resolver la crisis de seguridad haitiana.
El especialista advirtió que ese desplazamiento discursivo podría convertirse en una justificación política de la operación si los militares no fueran encontrados.
A su criterio, independientemente del resultado, el Gobierno de Bukele presentaría la intervención como una victoria. Si los cuatro salvadoreños son localizados, el resultado se exhibiría como un rescate exitoso; pero si no ocurre, podría argumentarse que la misión permitió ayudar a Haití a enfrentar sus problemas de seguridad.
Amaya expresó su deseo de que los militares sean encontrados con vida y puedan regresar al país, pero insistió en que debe mantenerse la atención sobre el objetivo original de la misión y las responsabilidades que implica.
La seguridad salvadoreña llegó a una meseta
Durante la entrevista, el consultor también analizó la situación de seguridad en El Salvador y consideró que el país atraviesa una etapa de relativa estabilidad, sin variaciones significativas durante los últimos meses, tanto en las estadísticas delictivas como en la percepción ciudadana y las actuaciones gubernamentales.
Amaya recordó que la reducción de homicidios comenzó antes de la llegada de Bukele a la Presidencia, en junio de 2019. Señaló que la tasa pasó de más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 a aproximadamente 35 o 36 en 2019, antes de continuar descendiendo durante la actual administración.
A su juicio, estos resultados confirman que las pandillas constituían el principal problema de seguridad pública del país y que el Gobierno de Bukele concentró sus esfuerzos en combatir ese fenómeno.
Sin embargo, advirtió que otros componentes de la seguridad no han recibido la misma atención. Mencionó los delitos vinculados al crimen organizado, como el narcotráfico, la trata de personas, otras modalidades de tráfico, la corrupción y los delitos de cuello blanco.
El experto agregó que las restricciones de acceso a la información pública dificultan evaluar con profundidad el comportamiento de estos fenómenos y determinar qué resultados ha obtenido el Estado en esos ámbitos.
Seguridad, derechos y prevención
Al referirse al régimen de excepción y a las denuncias de vulneraciones al debido proceso, Amaya planteó que la seguridad y los derechos no deben entenderse como objetivos incompatibles.
Explicó que existen dos enfoques que suelen presentarse como contrapuestos: uno basado en la persecución del delito y otro centrado en modificar las condiciones sociales que favorecen la violencia. Sin embargo, consideró que ambos pueden integrarse dentro de una política pública de seguridad.
Reconoció que una estrategia de persecución penal puede producir resultados importantes en el corto y mediano plazo, particularmente cuando existe una alta probabilidad de que quienes cometen delitos sean capturados. Esa percepción, explicó, tiene un efecto disuasivo sobre la conducta delictiva.
No obstante, advirtió que la sostenibilidad de los resultados dependerá de que también se transformen las condiciones sociales y económicas que pueden favorecer el surgimiento de estructuras criminales.
En esa línea, cuestionó que la política penitenciaria parezca concentrarse principalmente en el aislamiento y el castigo, dejando en segundo plano la rehabilitación y la reinserción social.
Recordó que las cárceles cumplen varias funciones: apartar temporalmente de la sociedad a quienes han cometido delitos, aplicar sanciones y generar condiciones para que las personas puedan rehabilitarse y reintegrarse posteriormente.
El consultor señaló que El Salvador mantiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, una circunstancia que obliga a reflexionar sobre el propósito del sistema penitenciario y sus consecuencias a largo plazo.
