Redacción Nacionales
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En el marco del 45.º aniversario de la masacre de San Francisco Angulo, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, el Movimiento por la Defensa de la Tierra (MDT) conmemoró este 25 de julio a las 45 víctimas asesinadas en 1981 y denunció que el territorio enfrenta una nueva amenaza con el avance de un proyecto de relleno sanitario que, según la organización, pone en riesgo sitios de memoria, recursos naturales y los derechos de las comunidades.
De acuerdo con el pronunciamiento, el 25 de julio de 1981, efectivos militares y estructuras paramilitares ingresaron al caserío y asesinaron a 45 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y otros civiles. El MDT sostiene que la masacre formó parte de la estrategia contrainsurgente implementada durante el conflicto armado para destruir comunidades, provocar desplazamientos y sembrar terror entre la población civil.
La organización señaló que la conmemoración representa un acto de memoria y reparación impulsado por sobrevivientes, familiares y habitantes de la comunidad, quienes durante décadas han preservado los testimonios, protegido las tumbas y exigido verdad y justicia. Asimismo, afirmó que las investigaciones oficiales no han derivado en sanciones contra los responsables y que persisten la impunidad, la falta de apertura de archivos militares y la ausencia de una reparación integral para las víctimas.
En su pronunciamiento, el Movimiento también expresó preocupación por el desarrollo de un megaproyecto de relleno sanitario promovido, según indicó, por la empresa CYEMMSAL, filial de CYEMMEX, en coordinación con la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y la Asociación de Municipios de Los Nonualcos. La organización sostiene que las obras avanzan sin el consentimiento de las comunidades y que afectan lugares donde aún existirían restos de víctimas de las masacres ocurridas en la zona.
El MDT advirtió además que la utilización de maquinaria pesada, la deforestación y las excavaciones amenazan el bosque nativo, nacimientos de agua, quebradas y mantos acuíferos que abastecen a San Francisco Angulo y comunidades vecinas. En ese sentido, consideró que el proyecto constituye una nueva forma de violencia al desarrollarse sobre un territorio marcado por la memoria del conflicto armado.
Como parte de sus demandas, la organización exigió la suspensión inmediata de las obras, el retiro de la maquinaria y del personal operativo, el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018, la protección de los sitios de memoria y una evaluación independiente de los impactos ambientales, culturales y comunitarios. También solicitó investigaciones sobre posibles daños a enterramientos y la participación directa de sobrevivientes y comunidades en las decisiones relacionadas con el territorio.
El Movimiento concluyó reiterando que “sin verdad no hay reparación; sin justicia no hay paz; y sin respeto a la tierra no existe futuro”, al tiempo que llamó a garantizar la protección de la memoria histórica y los derechos de las comunidades de San Francisco Angulo.
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