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El congreso salvadoreño inició el escabroso estudio del Proyecto de Ley de Rehabilitación y Reinserción de Pandillas, con el que el gobierno busca reducir la ola de violencia que sacude al país.
La iniciativa es estudiada por diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, luego de que el gobierno presentara la propuesta a la Asamblea Legislativa, a mediados de año.
La normativa prevé la rehabilitación y reinserción de aquellos delincuentes que no tengan órdenes administrativas o de captura.
“No se trata de ningún tipo de beneficios para pandilleros que han cometido delitos graves”, aseguró el diputado por el FMLN, Misael Mejía.
Sin embargo, la nueva legislación no ha terminado de ser estudiada, y ha dado sus primeros tropezones, ante la negativa de legisladores de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y de los ARENA, en dar sus votos para su aprobación.
“GANA no está en disponibilidad de votar por esto”, advirtió el diputado de ese partido político, Guillermo Gallegos, al dar su postura sobre el estudio del Proyecto de Ley de Rehabilitación y Reinserción de Pandillas.
Gallegos dijo que “siento muy difícil” que su partido político dé los votos para la aprobación de la legislación.
No obstante, apoyó la creación de una ley que promueva la prevención de la incorporación de jóvenes a grupos delictivo, “pero reinserción a criminales que ya tienen una forma de vida, que ya tienen una serie de delitos en sus espaldas, lo siento muy difícil”, reiteró.
También el legislador por ARENA, Mauricio Vargas, dijo que su partido político no dará los votos para la aprobación de la legislación, porque “no tiene el principio de realidad”.
Mejía, sin embargo, afirmó que “hay unanimidad de las fuerzas políticas” para aprobar la polémica Ley de Rehabilitación y Reinserción de Pandillas.
“Los procesos de reinserción van a ser internamientos en los que hay dos posibilidades: una, el retiro voluntario (de los delincuentes de las bandas)… y la otra opción, bajo denuncia o aviso (de la ciudadanía), o bajo información de la PNC (Policía Nacional Civil para que los maleantes) puedan retirarse (de los grupos delictivos) de manera coercitiva u obligatoria”, detalló Mejía.
El parlamentario también reveló que la legislación contempla la creación de una “institucionalidad para la conducción estratégica” de los preceptos de la legislación, que estará “bajo la conducción del Ministro de Justicia y Seguridad Pública”.
Además, la formación de una “Dirección Ejecutiva y de un Equipo Consultivo, integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia e instituciones que aplicarían los programas”.
Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), invitado por los legisladores para dar el punto de vista legal de la aplicación de la normativa, dijo que la legislación “nos permitirá de forma legal hacer las cosas sin que se nos pueda perseguir en un futuro”.
Además, vaticinó que la legislación de Rehabilitación y Reinserción de Pandillas permitirá a los terroristas ingresar “a la vida lícita”.
Las dos mentes
Sin embargo, el criminólogo Ricardo Sosa, también invitado por los legisladores para dar su punto de vista sobre la nueva legislación, dijo que la normativa “tiene un gran reto”, porque “se tienen que trabajar dos mentes”.
“Una, que es la mente criminal y, otra, lo que desde el punto de vista de la criminología se puede abordar como una mente rebelde, son completamente diferentes”, explicó.
“El (joven) que está en estado de riesgo, posiblemente se considere una mente rebelde y que ha caído por diferentes circunstancias en esta parte del control de territorio y que viven en las comunidades de riesgo, y, por otra parte, la mente criminal tiene que hacerse con el aspecto punitivo y coercitivo de la Ley, para poder integrar la premisa constitucional para que cumpla el proceso de condena y el programa de reinserción”, apuntó.
