Congresistas de EEUU piden extender el TPS para El Salvador

Redacción Nacionales

Washington, D. C. Un grupo de 81 miembros del Congreso de Estados Unidos solicitó formalmente al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, argumentando que El Salvador aún no reúne las condiciones para recibir a más de 200,000 beneficiarios debido a la persistencia de una crisis de derechos humanos, la fragilidad económica y las limitadas capacidades institucionales del país.

La petición fue presentada mediante una carta fechada el 9 de julio de 2026, en la que los legisladores sostienen que las condiciones que motivaron la concesión del TPS en 2001 no solo permanecen vigentes, sino que se han agravado por nuevas crisis humanitarias, económicas y sociales.

Los congresistas advierten que cancelar el programa tendría consecuencias de gran alcance tanto para las familias salvadoreñas radicadas en Estados Unidos como para la economía estadounidense y para El Salvador.

Más de 200,000 salvadoreños podrían verse afectados

La carta señala que actualmente más de 200,000 salvadoreños cuentan con protección bajo el TPS y que muchos de ellos han residido legalmente en Estados Unidos durante más de 25 años.

Según el documento, una parte importante de los beneficiarios llegó siendo menor de edad y desarrolló toda su vida adulta en territorio estadounidense. Durante ese tiempo establecieron negocios, adquirieron formación profesional, se incorporaron a la fuerza laboral y formaron familias.

Los legisladores destacan que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de padres protegidos por el TPS, por lo que una eventual cancelación del programa provocaría separación familiar y un impacto social considerable.

Asimismo, recuerdan que muchos beneficiarios no tienen una vía legal para obtener la residencia permanente, debido a que el TPS no constituye una admisión migratoria formal y porque numerosos salvadoreños no cuentan con familiares que puedan patrocinarlos para regularizar su situación.

Impacto económico para Estados Unidos

Además del componente humanitario, la carta enfatiza el aporte económico de la comunidad salvadoreña beneficiaria del TPS.

Los firmantes indican que alrededor del 90 % de estos migrantes participa activamente en el mercado laboral estadounidense y genera aproximadamente 5,400 millones de dólares anuales para la economía del país.

También sostienen que los salvadoreños protegidos por el programa aportan cerca de 1,500 millones de dólares cada año en impuestos federales, estatales y locales, además de contribuir al financiamiento del Seguro Social y otros programas públicos.

Los beneficiarios trabajan principalmente en sectores donde existe una constante escasez de mano de obra, como la construcción, el transporte, la manufactura, el mantenimiento de edificios y los servicios de alimentación.

En contraste, la carta advierte que una deportación masiva tendría un elevado costo para el propio gobierno estadounidense.

Según estimaciones citadas del Departamento de Seguridad Nacional, deportar a una persona cuesta más de 18,000 dólares, por lo que expulsar a los beneficiarios salvadoreños del TPS representaría un gasto cercano a 3,000 millones de dólares, sin contar la pérdida de productividad económica ni la reducción de ingresos tributarios.

Preocupación por la situación en El Salvador

Uno de los principales argumentos expuestos por los congresistas se refiere a la situación de derechos humanos en El Salvador.

El documento afirma que el país continúa bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual ha suspendido garantías constitucionales fundamentales y ha dado paso, según organizaciones internacionales, a violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La carta menciona informes de organismos internacionales que documentan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios colectivos, encarcelamiento de menores de edad y cientos de muertes ocurridas bajo custodia estatal.

Los legisladores recuerdan que el propio presidente Nayib Bukele reconoció que aproximadamente 8,000 personas detenidas durante el régimen de excepción eran inocentes, mientras que organizaciones de derechos humanos consideran que la cifra de detenciones arbitrarias podría ser considerablemente mayor.

Asimismo, citan investigaciones que sostienen que numerosos migrantes deportados desde Estados Unidos han sido detenidos al ingresar a El Salvador sin un debido proceso judicial.

Fragilidad económica

La carta también plantea que la economía salvadoreña enfrenta importantes limitaciones para absorber el eventual retorno masivo de connacionales.

Entre los datos citados figura que 22.5 % de los hogares vive en condición de pobreza y 7.7 % en pobreza extrema.

Además, se señala que el mercado laboral formal únicamente genera una fracción de los empleos necesarios para quienes ingresan cada año a la población económicamente activa.

Los congresistas advierten que muchos salvadoreños que han trabajado durante décadas en Estados Unidos tampoco tendrían acceso al sistema privado de pensiones en El Salvador, lo que agravaría su situación económica en caso de ser deportados.

Respaldo de organismos internacionales

El documento recuerda que diversos organismos internacionales han expresado preocupación por la situación salvadoreña.

Entre ellos menciona a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso estadounidense, instituciones que han solicitado revisar o poner fin al régimen de excepción y han documentado presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Los legisladores sostienen que estas condiciones cumplen con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense para justificar una prórroga del TPS, al considerar que El Salvador no está en capacidad de recibir adecuadamente a sus ciudadanos.

Solicitan renovar el programa

El TPS para El Salvador vence el próximo 9 de septiembre de 2026, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional deberá anunciar en las próximas semanas si extiende o finaliza la protección migratoria.

En su conclusión, los congresistas afirman que renovar el programa permitirá proteger a más de 200,000 personas, evitar la separación de miles de familias estadounidenses y mantener el compromiso histórico de Estados Unidos con la protección de personas que enfrentarían condiciones de riesgo al regresar a su país de origen.

La solicitud fue respaldada por 81 miembros de la Cámara de Representantes, encabezados por James P. McGovern, e incluye legisladores demócratas de distintos estados, quienes consideran que las condiciones actuales de El Salvador continúan justificando la permanencia del Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños residentes en Estados Unidos.

Listado de los congresistas firmantes de la solicitud:

• James P. McGovern, miembro del Congreso
• Eleanor Holmes Norton, miembro del Congreso
• Jonathan L. Jackson, miembro del Congreso
• Juan Vargas, miembro del Congreso
• Raja Krishnamoorthi, miembro del Congreso
• Rashida Tlaib, miembro del Congreso
• Richard E. Neal, miembro del Congreso
• Seth Moulton, miembro del Congreso
• Joyce Beatty, miembro del Congreso
• Ayanna Pressley, miembro del Congreso
• Nydia M. Velázquez, miembro del Congreso
• Jesús G. «Chuy» García, miembro del Congreso
• Pramila Jayapal, miembro del Congreso
• Debbie Wasserman Schultz, miembro del Congreso
• Henry C. «Hank» Johnson Jr., miembro del Congreso
• Adriano Espaillat, miembro del Congreso
• Stephen F. Lynch, miembro del Congreso
• Grace Meng, miembro del Congreso
• Judy Chu, miembro del Congreso
• Analilia Mejía, miembro del Congreso
• Suzanne Bonamici, miembro del Congreso
• Nanette Díaz Barragán, miembro del Congreso
• Yvette D. Clarke, miembro del Congreso
• Sylvia R. García, miembro del Congreso
• Jan Schakowsky, miembro del Congreso
• Deborah K. Ross, miembro del Congreso
• Robert J. Menéndez, miembro del Congreso
• Diana DeGette, miembro del Congreso
• Sara Jacobs, miembro del Congreso
• Maxwell Alejandro Frost, miembro del Congreso
• Maxine Dexter, M.D., miembro del Congreso
• Delia C. Ramírez, miembro del Congreso
• Ritchie Torres, miembro del Congreso
• Sydney Kamlager-Dove, miembro del Congreso
• Gwen S. Moore, miembro del Congreso
• Donald S. Beyer Jr., miembro del Congreso
• Joaquín Castro, miembro del Congreso
• Glenn F. Ivey, miembro del Congreso
• Jasmine Crockett, miembro del Congreso
• Josh Gottheimer, miembro del Congreso
• Adelita S. Grijalva, miembro del Congreso
• Lateefah Simon, miembro del Congreso
• Lloyd Doggett, miembro del Congreso
• Greg Casar, miembro del Congreso
• Julie Johnson, miembro del Congreso
• Brittany Pettersen, miembro del Congreso
• Shontel M. Brown, miembro del Congreso
• Jamie Raskin, miembro del Congreso
• Patrick Ryan, miembro del Congreso
• Frederica S. Wilson, miembro del Congreso
• LaMonica McIver, miembro del Congreso
• Luz M. Rivas, miembro del Congreso
• Jerrold Nadler, miembro del Congreso
• Dina Titus, miembro del Congreso
• Adam Smith, miembro del Congreso
• Troy A. Carter Sr., miembro del Congreso
• Robert C. «Bobby» Scott, miembro del Congreso
• Christian D. Menefee, miembro del Congreso
• James R. Walkinshaw, miembro del Congreso
• Jennifer L. McClellan, miembro del Congreso
• Shri Thanedar, miembro del Congreso
• Chellie Pingree, miembro del Congreso
• Andrea Salinas, miembro del Congreso
• Suhas Subramanyam, miembro del Congreso
• John B. Larson, miembro del Congreso
• Jimmy Gómez, miembro del Congreso
• Mark DeSaulnier, miembro del Congreso
• Mike Quigley, miembro del Congreso
• Salud Carbajal, miembro del Congreso
• Al Green, miembro del Congreso
• Pete Aguilar, miembro del Congreso
• Gabe Amo, miembro del Congreso
• Greg Stanton, miembro del Congreso
• Herbert C. Conaway Jr., miembro del Congreso
• Lori Trahan, miembro del Congreso
• Robin L. Kelly, miembro del Congreso
• Joe Courtney, miembro del Congreso
• Darren Soto, miembro del Congreso
• Kweisi Mfume, miembro del Congreso