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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Las Salas de los Centros Judiciales de El Salvador se vieron nuevamente abarrotadas de casos de imputados que enfrentaron sus audiencias. Muchos de ellos obtuvieron condenas a su favor, a juicio de muchos, debido “al mal trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR)”. Además, se abrieron procesos que en el sistema penal habían quedado en el olvido y se archivaron otros de justicia social.
Pese a ello, durante el año 2017, reconocidos empresarios, políticos y presentadores de televisión pasaron por las salas de audiencia, enfrentando procesos judiciales en su contra. El empresario y ex presentador de televisión Jorge Hernández fue acusado de lavado de dinero, presuntamente al formar parte de la red de beneficiarios junto al ex presidente Elías Antonio Saca, que según la Fiscalía recibió más de 8.1 millones de dólares.
En este caso, la FGR materializó la medida cautelar contra 34 inmuebles y 10 sociedades a nombre de Hernández para iniciar el proceso de extinción de dominio. Entre estos la Fiscalía allanó el Canal Gentevé por presuntos vínculos, no obstante, esto fue negado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
Por otra parte, el ex presidente Elías Antonio Saca cumplió un año de prisión preventiva en el centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, sin embargo, este año se le imputó por un nuevo caso al recibir beneficios de parte de empleados judiciales. Por este caso se procesa a más de 25 personas, entre profesionales y empleados judiciales.
En otro caso, el Juzgado Especializado de Sentencia “A” absolvió a los 18 imputados, acusados de otorgar beneficios a miembros de estructuras criminales en el caso conocido como “Tregua”.
Lo anterior, al determinar que la Fiscalía no había sustentado debidamente el caso, además de que algunos de los imputados fueron acusados “de manera injusta”.
En esa oportunidad, el juzgador destacó diversas falencias y fallos que cometió la Fiscalía, por lo que era imposible acreditar los delitos que se atribuían, como organizaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
En otro caso, la Fiscalía inició un proceso penal contra el ex director de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, presuntamente por el mal manejo de fondos por 5.6 millones de dólares, dicho proceso se encuentra en etapa de instrucción.
En octubre pasado, Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, fue absuelto por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador por el delito de expresiones de violencia hacia la mujer. Sin embargo, un mes más tarde la Cámara Tercera de lo Penal revocó el sobreseimiento definitivo a favor del alcalde de San Salvador, acusado de agresiones verbales en perjuicio de la síndica de la alcaldía de San Salvador Xóchitl Marchelli.
Uno de los casos que se estancó fue el de Francisco Flores, a casi dos años de fallecido, el proceso civil que se le imputa es la malversación de $10 millones de dólares y que no ha dado seguimiento a los destinatarios, que entre estos se menciona al partido ARENA. También casos como el del ex locutor Max González, conocido como el Gordo Max, que fue absuelto por presuntamente ser cliente de trata de personas, junto a Ernesto Regalado. Como también el caso de José Adán Salazar (Chepe Diablo), que fue absuelto del delito de lavado de dinero y activos.
Casos de crímenes de Lesa Humanidad
Este año El Salvador abrió heridas del pasado en la búsqueda de reparación, justicia y verdad a favor de las víctimas y sus familiares. En marzo, organizaciones de derechos humanos, como Tutela Legal María Julia Hernández y Concertación Monseñor Romero, pidieron al Juzgado Cuarto de Instrucción la reapertura por el asesinato del Beato Oscar Arnulfo Romero, hecho ocurrido el 24 de marzo de 1980, no obstante, a la fecha no se han pronunciado.
De igual manera, en noviembre, el Juzgado Tercero de Paz recibió la solicitud de parte de personeros de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, para la reapertura del proceso judicial por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras. Actualmente, el coronel Guillermo Benavides se mantiene en prisión, luego de que la Cámara Primera de lo Penal ratificara su condena, pese a ello la UCA ha solicitado el indulto para el imputado y solicita la investigación contra autores intelectuales de la masacre.
Asimismo, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera se ha desarrollado durante el año un proceso abierto por la masacre en el cantón El Mozote y sitios aledaños, con casi mil víctimas, entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Para este caso, el Juzgado ha abierto un proceso judicial donde se procesan a altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador de los años 80, entre los procesados se encuentra el ex ministro de defensa Guillermo García, Ricardo Bustillo de la Fuerza Aérea, entre otros.
Procesos civiles
En relación a los procesos civiles, este año la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección condenó al ex presidente Mauricio Funes al encontrarlo responsable por $419,145.09 de incremento injustificado, en este mismo caso la Cámara encontró responsable al hijo del ex mandatario. No obstante absolvió de todo cargo a la ex primera dama Vanda Pignato.
En marzo, el diputado por PCN Reynaldo Cardoza fue absuelto de toda responsabilidad, sin embargo, se condenó a su esposa que no pudo demostrar un incremento patrimonial de $78 mil dólares. Situación que generó diversas críticas dado que Alma de López no es funcionaria pública.
En otros casos que siguen su proceso civil se encuentra el alcalde de Olocuilta Marvin Rodríguez, Agustín García Calderón, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia; Elías Antonio Saca, ex presidente de la República y Elmer Charlaix, de este último en enero se conocerá si es responsable o no.
