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@JoakinSalazar
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, culminó la audiencia de aportación de pruebas, en el proceso civil en contra del ex presidente, Mauricio Funes, su hijo, Diego Funes Cañas y la ex Primera Dama Vanda Pignato.
Las magistradas de la Cámara establecieron que el próximo martes 20 de septiembre se rinda la resolución de la audiencia preparatoria, que pretende determinar que prueba a favor o en contra de los señalados de enriquecimiento ilícito son tomadas en cuenta por la justicia.
El expresidente Funes fue demandado por supuesto enriquecimiento ilícito por la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió la existencia de indicios del delito por no justificar un incremento patrimonial por $552,669 dólares, por lo que el proceso fue enviado a la Cámara.
De igual manera, al tener relación familiar, la exprimera dama fue demandada en calidad de cónyugue del exfuncionario, por la cancelación de una deuda de $57,060, mientras que el hijo de Funes por $118.600, por la compra y venta de vehículos, según el ministerio público.
En relación a esta acusación, la Fiscalía presentó un total de 287 documentos provenientes de los bancos y cajas de créditos del país. Información que deberá ser analizada por parte de la Cámara. De igual forma la defensa presentó las pruebas que afirman que los fondos fueron obtenidos de forma lícita.
Enrique Araujo, defensor del exmandatario, manifestó que su defendido podría rendir su declaración a través de medios digitales; además, solicitó a la Cámara que rechace el peritaje de cuentas bancarias porque hay suficientes pruebas para concluir si su cliente cometió un delito.
La defensa argumentó que Regina Cañas, madre de Diego Funes, fue quién le prestó $95 mil dólares, que sirvió para la compra de un vehículo, que fue incautado por la Fiscalía.
En cuanto a las armas de fuego, encontradas en las viviendas de Mauricio Funes, Araujo dijo que hay suficiente evidencia que determina el valor de las mismas y cuanto pagó por ellas, sin embargo, la Fiscalía insiste en que el perito con alta experiencia contable realice la procedencia de los fondos para que determine si existe o no enriquecimiento ilícito durante el periodo presidencial entre el año 2009 – 2014.
El próximo martes las magistradas de la Cámara resolverán sobre las peticiones solicitadas por ambas partes, como también delimitarán que pruebas son admitidas y rechazadas.
