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Saúl Méndez
Colaborador
La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) denunció que, hasta la fecha, se desconoce el paradero de los expedientes clínicos de los pacientes que fueron atendidos antes de la remodelación y construcción del nuevo Hospital Rosales, el cual ahora forma parte de la Nueva Red Nacional de Hospitales, una entidad distinta al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) y vocero de CONADESA, explicó que cada persona atendida en el Hospital Rosales antes de las obras de remodelación contaba con un expediente clínico físico donde se resguardaban sus antecedentes médicos y exámenes previos.
«Por norma, estos expedientes se conservaban durante cinco años y posteriormente pasaban a un proceso de archivo. Sin embargo, hoy en día no se cuenta con esos expedientes; prácticamente todo fue anulado. No se sabe dónde están los registros de la población que utilizó o seguía utilizando los servicios del Hospital Nacional Rosales», advirtió.
CONADESA, que ha dado seguimiento durante varios meses a la situación, alertó que muchas personas con enfermedades raras o padecimientos de difícil tratamiento requieren continuidad en su atención médica a través de sus expedientes clínicos.
«Actualmente, esa continuidad no puede garantizarse porque esos documentos no están; simplemente no existen», detalló la Coordinadora.
Para la organización, lo más preocupante es la posibilidad de que los expedientes hayan sido destruidos, ya que contienen información valiosa sobre la salud de la población salvadoreña.
«Hasta la fecha no sabemos dónde está esa información ni qué ha sucedido con los expedientes anteriores», lamentó Aguirre.
El médico lamentó que «solo el personal de salud comprende la importancia de tener acceso a un expediente clínico previo. Cuando no se dispone de él, se trabaja a ciegas y prácticamente se debe comenzar desde cero».
Entre las posibles consecuencias de esta situación, CONADESA señaló que muchos pacientes que fueron sometidos a biopsias en órganos de difícil acceso, estudios de médula ósea, punciones lumbares, tomografías y resonancias, procedimientos que permitían dar continuidad o iniciar tratamientos específicos, podrían verse obligados a repetir dichos exámenes.
«Si esos registros ya no están disponibles, muchos de esos procedimientos tendrán que repetirse», aseguró Aguirre.
«Es obligación de la institución reconstituir esos expedientes. Las personas que estuvieron a cargo del archivo clínico, así como el ministro de Salud y quienes actualmente administran el sistema, deben explicar qué ha sucedido con los expedientes médicos de cada uno de los pacientes que recibían atención en el Hospital Rosales», concluyó CONADESA.
La inauguración y recién puesta en marcha de las atenciones del nuevo Hospital Rosales estuvieron marcadas por diversas problemáticas que incluyeron falta de organización en el traslado y atención temporal de pacientes; asimismo, se registraron cientos de despidos del personal de salud en distintas áreas a quienes no se les respetaron sus derechos laborales y no se les entregaron indemnizaciones.
Este “desorden administrativo”, como lo llamaron en su momento algunos médicos y organizaciones defensoras de derechos humanos, también provocó que algunas áreas y tratamientos específicos se paralizaron por falta de personal.
Las denuncias sobre despidos y la mala organización también incluyeron la preocupación por falta de especialistas para atender y realizar procedimientos que necesitan del uso de equipo especializado.
Recientemente, el Gobierno lanzó una convocatoria abierta para la contratación de personal médico, de enfermería y de soporte técnico, así como administrativo y en otras áreas, para el Hospital Rosales. La convocatoria está dirigida a profesionales en 67 especialidades clínicas y quirúrgicas.
Ahora, para los profesionales de la salud aglutinados en la Coordinadora, este desconocimiento del paradero de los expedientes representa un atropello al derecho y acceso de la población a la salud y a una adecuada atención médica.
