Comunidades reivindican la organización y la memoria histórica

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Representantes de comunidades históricas de varios departamentos del país se reunieron el pasado fin de semana para conmemorar el 39 aniversario del primer retorno desde los campos de refugiados en Honduras en octubre de 1987.

A inicios de la guerra civil cientos de comunidades rurales, que huían de la represión y las masacres del ejército gubernamental y sus grupos paramilitares, tuvieron que exiliarse y refugiarse en Honduras. Algunas se refugiaron en Mesa Grande, San Marcos Ocotepeque, y otras  en Colomoncagua, Intibucá. Otras, incluso, se exiliaron en países como Nicaragua y Panamá. Al terminar la guerra, todas regresaron a repoblar sus comunidades.

El 10 de octubre de 1987, aún en medio de la guerra civil, comunidades de Cabañas, Chalatenango y Cuscatlán  retornaron al país. Santa Marta, Guarjila, Copapayo y otras comunidades iniciaron procesos de refundación e implementación de proyectos de desarollo local integral.

Para conmemorar el retorno, reivindicar la memoria y ratificar los vínculos solidarios, representantes de comunidades repobladas de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, Morarán, San Salvador y Usulután realizaron el “Cuarto Encuentro Nacional de Comunidades Históricas”, en Santa Marta, Cabañas.

“Las comunidades históricas o repobladas nos caracterizamos por priorizar la organización local, impulsar procesos de autogestión, defender los bienes comunes y reivindicar la memoria histórica”, expresa Alfredo Leiva, líder de la comunidad Santa Marta.

Peter Natarén, también líder comunal de Santa Marta, plantea que “frente a la inseguridad alimentaria, la crisis económica y demás problemas del país las comunidades pueden construir alternativas desde los territorios”.

Las y los representantes comunitarios también externaron su preocupación por el grave deterioro ambiental del país provocado por proyectos depredadores de ecosistemas y la reactivación de la minería metálica, que pone en grave riesgo la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones.

En tal sentido, instaron  a todos los sectores del país a cerrar filas en defensa del agua, la protección de la flora y fauna, la restauración de las cuencas y la recuperación de los ríos, especialmente el Río Lempa, el principal afluente nacional que sufre un proceso acelerado de deterioro y podría contaminarse todavía más con desechos de proyectos mineros.

El pasado 22 de julio, en el marco del Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, comunidades históricas, junto a organizaciones ambientalistas y grupos religiosos, realizaron una jornada nacional por el agua y la vida. La actividad incluyó concentraciones en Chalatenango, Cabañas y en la zona del Bajo Lempa.

La postura ambientalista de las comunidades también es compartida por la Iglesia Católica, las iglesias históricas, las principales universidades del país y por más del 60% de la población que en todas las encuestas rechaza la minería. Sin embargo, el gobierno y los diputados hacen oídos sordos a la demanda nacional de restablecer la prohibición de la minería metálica.

Las comunidades también demandan medidas estatales urgentes para enfrentar la crisis alimentaria, el alto costo de la vida y la falta de ingresos de la mayoría de la población.