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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las comunidades parroquiales de la vicaría Rutilio Grande y Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado pidieron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), denegar los permisos para la construcción del proyecto urbanístico Valle El Ángel y declarar zona protegida la localidad, para garantizar la supervivencia de las cuencas de los mantos acuíferos.
El padre Roque Marcelino Regalado, vicario foráneo de la Vicaría Rutilio Grande indicó, que la construcción del complejo habitacional Valle El Ángel traerá graves daños al ecosistema de los municipios, aumento del estrés hídrico de los pueblos, mayor contaminación de quebradas y ríos que abastecen a las comunidades aledañas, y profundizará la contaminación de la microcuenca del Tomayate.
“Nos oponemos a la construcción del complejo habitacional y pedimos a las autoridades correspondientes denegar los permisos de construcción, y de ser posible declarar zona protegida la localidad que se pretende destruir. En todo este proceso tiene una gran responsabilidad el actual modelo económico, que privilegia el desmedido afán para la riqueza por encima de la vida de las personas”, aseguró el religioso.
Según el sacerdote Lucio Reyes, director adjunto de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado el rechazo a la construcción del proyecto El Ángel obedece a que el sistema de conservación y reserva natural del agua vía subsuelo será dañado, la explotación de los mantos acuíferos con esta extracción de líquido pondrá en crisis y afectará el acceso humano al derecho al agua de los municipios de Apopa, Nejapa, Quezaltepeque y el Gran San Salvador
“Nos oponemos por los impactos ambientales de deslizamientos, destrucción de fauna, flora, especies en peligro de extinción, por lo tanto pedimos al Ministerio de Medio Ambiente y al presidente de la República Nayib Bukele, garantice la vida de la población”, afirmó el director adjunto de Tutela del Arzobispado.
Asimismo expresó que con la construcción del proyecto habitacional se afectaría directamente a siete mil personas de cuatro caseríos, lo cual es una forma escondida de privatizar el agua, pues queda demostrado que se puede tener agua para una cantidad exclusiva de personas, mientras se le niega el vital líquido a la población pobre.
“Esperamos que denieguen los permisos porque los impactos ambientales que traerá a las comunidades son grandes, venimos a recordarle que lo primero es garantizar la vida de los pobres y el medio ambiente. Ahí no se puede construir porque es una zona de recarga hídrica, y esto tendrá un impacto ambiental muy grande”, externó el padre Reyes.
Como signo de comunión y cuido del medio ambiente, las comunidades parroquiales presentaron al MARN 3,665 firmas para que se nieguen los permisos de construcción a la familia Dueñas.
