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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Como comunidades históricas en distintos territorios del país. Y a raíz de lo que está viviendo Santa Marta, una comunidad hermana que vive bajo las mismas características de ser población que vivió y sufrió la guerra interna y ser desplazados de manera violenta en El Salvador, nos unimos por la liberación de los compañeros”, expresó, Saúl Callejas , presidente de la Asociación Comunal El Papaturro, Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
“Llevar a materializar una captura arbitraria contra líderes de esta comunidad por estar históricamente oponiéndose a proyectos de muerte como es la minería metálica es nuestro análisis, luego de reunirnos 30 comunidades que compartimos las mismas características y consideramos que es una situación grave contra la organización social”, agregó Callejas.
Representantes de diversas comunidades históricas procedentes de los departamentos de : Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usulután, Morazán y San Salvador, realizaron una reunión para análisis de la realidad nacional, en la que destacó el caso de los defensores de derechos ambientales de ADES Santa Marta, en la cual, concluyen que existe un “manejo irregular” de justicia desde las autoridades fiscales y judiciales.
Callejas explicó que el caso de ADES Santa Marta, está lleno de “irregularidades y arbirtrariedades”, como la falta de pruebas reales de los delitos imputados y la participación de los detenidos en los hechos narrados.
“Creemos que esto no se trata de una acción auténtica de investigación de un crimen de guerra ni un acto genuino de justicia para las supuestas víctimas, sino de un proceso penal anómalo e injusto que responde a otros propósitos”, subrayó Callejas.
Igualmente, consideran que “existen otras intenciones de reactivar los proyectos mineros” en la zona de San Isidro Cabañas, pese a que está prohibido por una ley contra la minería metálica (2017), que fue una lucha social simbólica de las comunidades organizadas y entre estas ADES Santa Marta y sus dirigentes encarcelados.
“A esto se instaura por parte del gobierno un relato negacionista de la historia, desinforman sobre los Acuerdos de Paz y generan un retroceso institucional de respeto a la democracia y derechos humanos”, advirtió Callejas.
Alfredo Leiva, de la comunidad Santa Marta, Victoria, Cabañas, afirmó que la situación de los ambientalistas de Santa Marta continúa en la incertidumbre.
“Los compañeros siguen como lo dijo la propia Jueza del tribunal de Victoria en – depósito- en las bartolinas del Juzgado de Soyapango en San Salvador. Sabemos que se encuentran allí después de su audiencia inicial en condiciones bastante difíciles por las condiciones de salud de los compañeros por su edad”, señaló.
Asimismo, comentó que por medio de la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), luego de gestionar su intervención la semana pasada, se logró hasta el pasado lunes 30 de enero, el ingreso de artículos de aseo personal y ropa porque estaban con la ropa de la audiencia.
“Ese es el estado en el que están los compañeros y hay un hecho que además de todas las irregularidades, que la señora juez del Juzgado de Victoria, hasta ahora, no se ha presentado a trabajar luego de confinar a los defensores ambientalistas. Hemos dado seguimiento y no ha llegado”, afirmó Leiva.
“Y fue hasta ayer (martes31 enero) que al abogado defensor (Denis Muñoz) le informaron que había pasado el caso al juzgado de Sensuntepeque, Cabañas. El abogado defensor presentará una solicitud para una Audiencia de Revisión de Medidas, de esa manera que los compañeros sigan el proceso de investigación en libertad. Recordemos que la Fiscalía General de la República ha pedido 6 meses para investigar” , informó.
Sobre la solicitud que se presentará este jueves en el Juzgado de Sensuntepeque, esperan la notificación del juzgado si acepta o deniega la Audiencia de Revisión de Medidas. Si la niega, entonces el abogado presentaría otra solicitud a la Cámara de lo Penal de Cojutepeque para seguir en el proceso judicial, explicó.
“Vamos agotar todos los medios legales y pondremos a prueba el sistema judicial, si no logramos justicia lo llevaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya debatimos esto y hay experiencia como la masacre de El Mozote en tribunales internacionales, en este caso estamos con la intención, como dijo el abogado defensor, de poner a prueba la justicia salvadoreña, entonces, eso hacemos, agotaremos el sistema judicial salvadoreño. Y, claro, después serían las instancias internacional”, manifestó Leiva.
Sobre la presencia de personas de origen peruano en San Isidro Cabañas, Leiva acotó que dichas personas se están moviendo en la zona de San Isidro Cabañas en la zona donde antes estuvo la Pacific Rim (Oceana Gold).
“De la información que hemos tenido las tierras que antes compró Pacific Rim, las vendieron tras la pérdida de su causa ante el CIADI (Banco Mundial) , y luego también de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (2017), que las vendieron a personas particulares”, acotó.
“Ahora, han llegado a alquilarles a estas personas pagando cantidades estratosféricas, -por decir- para pastoreo la alquilan en la zona 250 dólares anuales, pero estas personas han llegando pagando hasta 4,500 dólares a los actuales dueños de las tierras que pertenecieron a la Pacific Rim. Esta información que tenemos y sumado a todos los indicios nos hace pensar que por allí van las acciones contra las comunidades”, puntualizó Leiva.
