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Comunidad Santa Marta pide la intervención de la PDDH en el proceso judicial que enfrentan los ambientalistas. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Comunidad Santa Marta preocupada por situación de sus detenidos y pide intervención de la PDDH

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

“Se está negando el derecho real y efectivo a la defensa técnica para los detenidos (los defensores ambientales de ADES- Santa Marta), porque de momento se ha negado la visita profesional para efecto de tener claro los elementos propios del proceso”, enfatizó el abogado que lleva el caso de los detenidos de Santa Marta, Dennis Muñoz, en las afueras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ya que él y la comunidad piden la intervención ante nuevas presuntas irregularidades en el proceso judicial y vulneraciones a los derechos.

Fue el 11 de enero de este año, que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los líderes de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, por un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado de El Salvador, cuyo cadáver de la supuesta víctima no ha sido encontrado.

Los tres líderes comunitarios de Santa Marta son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, mientras que los dos directivos de ADES-Santa Marta son Teodoro Antonio Pacheco (director) y Saúl Agustín Rivas (jurídico).

A través de un presente de la comunidad hacia la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, se le pidió la intervención. Pues aseguraron que el proceso judicial se encuentra en un “impase legal” debido a maniobras de la Fiscalía General de la República contra la Cámara Penal de Cojutepeque, instancia encargada de resolver la apelación presentada por los abogados defensores el 14 de febrero; más de un mes después, la Cámara no ha resuelto debido a que FGR presentó una petición de recusación contra uno de los magistrados que la integran.

Con la apelación, la defensa legal busca revertir la injusta detención provisional decretada por el Juzgado de Paz de Victoria el 19 de enero y ratificada por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque en audiencia de revisión de medidas el 8 de febrero.

Este “limbo jurídico”, causado por la Fiscalía también ha sido agravado por la inacción de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ha tardado en resolver la moción de Fiscalía, “lo cual constituye una anomalía que afecta el debido proceso”.

Con relación a la detención provisional, la comunidad y la defensa técnica denunciaron la “incierta condición carcelaria” de los líderes comunitarios y la imposibilidad de acceso para sus abogados, afectando, entre otras cosas, la preparación de su defensa.

A través del escrito que se le presentó al procurador adjunto de derechos civiles, Carlos Rodríguez, se le informó que conocen que el jueves 9 de marzo, los defensores ambientales fueron trasladados a la ex cárcel de mujeres, ubicado en Ilopango, San Salvador, y que el lunes 13 de este mes, dos detenidos fueron trasladados al centro penitenciario de salud de Quezaltepeque debido a complicaciones en su estado de salud.

La comunidad dice estar preocupada por la delicada situación de salud, especialmente de quienes padecen de enfermedades crónicas, por tal, han solicitado en sede judicial que se revierta la prisión preventiva y que el proceso continúe, pero con ellos en libertad.

“Lo que quisiéramos es que la PDDH emita un pronunciamiento como atribución legal que tiene la institución. Al final, no es un favor ni privilegio, sino más bien al cumplimiento de esa obligación de carácter constitucional”, dijo el abogado Dennis Muñoz.

También, Alfredo Leiva, de la comunidad Santa Marta, denunció la actitud de la FGR, ya que actúa “de manera diligente como no lo hace con otros casos.

Hay un montón de hechos de la guerra que no están siendo investigados por la fiscalía, y en este caso, actúan de manera diligente, por ejemplo, en ningún caso han recusado a un magistrado de algún tribunal”.

A la PDDH pidieron que haga un llamado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia a que rechace la petición de la Fiscalía por carecer de fundamento legal, no acreditar el motivo de la recusación y basarse en una mera “sospecha”; y que habilite a la Cámara de lo Penal de Cojutepeque para que resuelva con prontitud la apelación presentada por la defensa.

Pide además exhortar a la Dirección de Centros Penales a permitir el acceso de los abogados defensores para que puedan reunirse con los detenidos, y que se pronuncie a favor de medidas sustitutivas a la detención provisional dadas las graves condiciones de salud de los detenidos.

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