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Saúl Méndez
Colaborador
La comunidad del cantón Los Naranjos, en Cojutepeque, Cuscatlán, denunció la construcción de una antena de telefonía en el centro de la comunidad sin su consentimiento y expresó su preocupación por las posibles afectaciones, así como por la falta de respuesta de las autoridades competentes.
Según manifestó la comunidad, la antena se construye aproximadamente a tres metros de las primeras viviendas, frente a la iglesia católica y muy cerca de un centro escolar.
«En las viviendas cercanas habitan niños con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas», indicó la comunidad a través de un comunicado.
Debido a esta situación, la comunidad expresó su preocupación y solicitó protección para la salud, el bienestar y la seguridad de las familias. Asimismo, lamentó que no haya recibido respuestas a las gestiones realizadas ante las autoridades correspondientes para ser escuchada.
La comunidad señaló que la empresa habría presentado únicamente un permiso del Ministerio de Vivienda, sin exhibir los demás documentos que afirma poseer. También manifestó que no se realizó una consulta ciudadana ni se solicitó el permiso correspondiente a la ADESCO.
Asimismo, informó que la evaluación realizada por el Ministerio de Vivienda se habría limitado a determinar la viabilidad técnica del terreno, sin considerar la proximidad de la iglesia, el centro escolar y las viviendas. Los documentos de respaldo se encuentran bajo resguardo de los representantes comunitarios para cualquier verificación directa.
«Cabe mencionar que la empresa S.A. como se han presentado ante nuestra comunidad no cuentan con todos los permisos necesarios, máximamente el documento de consultaría Ciudadana y según lo que se nos a notificado tampoco cuentan con el permiso de la Alcaldía», explicaron.
«Durante más de dos semanas, representantes comunitarios han acudido a la Alcaldía Municipal, Gobernación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la República», informaron.
La comunidad manifestó que no ha recibido una respuesta favorable y que, en varias ocasiones, sus representantes no fueron atendidos.
Ante esta situación, exigieron a las instituciones competentes que escuchen a la comunidad, verifiquen el cumplimiento de los requisitos aplicables y actúen conforme a derecho, bajo principios de transparencia, diálogo, participación ciudadana y prevención.
