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Mirna Jiménez
Diario Colatino
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), treatment Jaime Campos, ask planteó la necesidad de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuente con un “método de verificación de auditorías”, que descarte cualquier posibilidad de seleccionar de manera sesgada a los funcionarios o exfuncionarios que serán sometidos al examen de su declaración patrimonial.
“Probidad debe tener un método de verificación de auditorías”, para evitar cualquier duda, sostuvo Campos en el programa Debate con Nacho Castillo, transmitido anoche en canal 35, al plantear que han surgido cuestionamientos respecto al mecanismo utilizado por esa instancia de la CSJ para someter a indagatoria ciertas declaraciones de bienes.
Campos dijo que en otros países se utiliza un método aleatorio, que permite tomar declaraciones de bienes indistintamente de los orígenes o procedencia política del funcionario, pero que en Probidad no existe un marco predeterminado para proceder.
El expresidente de la República, Mauricio Funes, ha remarcado en las últimas semanas que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, y Edward Sidney Blanco, han estado girando instrucciones a la sección de Probidad sobre a quiénes hay que auditar y a quiénes no, evitando investigar a exfuncionarios de ARENA, a pesar de que se aproxima la fecha de prescripción de los casos.
El diputado de GANA, Guillermo Gallegos, declaró recientemente que tiene información confiable de que personas ajenas a la sección de Probidad de la CSJ, y que estarían ligadas a FUSADES y al partido ARENA, están interfiriendo en la selección de las declaraciones patrimoniales a investigar.
Para Funes, las denuncias de interferencia de personas ajenas a Probidad en la selección de los funcionarios a quienes se les auditará su declaración de bienes parece tener indicios creíbles, debido a que de la veintena de informes patrimoniales que se están auditando por parte de la Corte, la mayoría corresponden a diputados que integraron la comisión que investigó al expresidente Francisco Flores y a exfuncionarios de su gobierno.
Probidad, sin embargo, no ha seleccionado las declaraciones patrimoniales de varios exfuncionarios del gabinete de Francisco Flores, algunos de los cuales, casualmente, son ahora integrantes de FUSADES, denunció Funes.
El comisionado del IAIP señaló durante la entrevista que es precisamente por este tipo de aseveraciones que Probidad debe tener un mecanismo creíble para seleccionar las declaraciones patrimoniales que deben ser auditadas, de las más de 7 mil que recibe la Corte Suprema de los funcionarios obligados a cumplir con ese mandato.
Añadió Campos que la petición para auditar las declaraciones patrimoniales de los expresidente Funes, Antonio Saca y Francisco Flores fueron hechas por FUNDE ante el IAIP, que mandó las peticiones a la sección de Probidad de la Corte, pero que igual puede cualquier ciudadano solicitar la declaración de bienes de otros exmandatarios o exfuncionarios de anteriores gobiernos.
Para Funes, no obstante, algo que se le debe preguntar a la CSJ es porqué no inició ninguna auditoría contra exfuncionarios areneros luego que se le devolvieran las potestades a Probidad en enero de 2014, teniendo en cuenta que a exintegrantes de la administración Flores no se les podía procesar por enriquecimiento ilícito después que cumplieran 10 años de su salida del gobierno, lo cual se cumplió en junio de ese año.
Transparencia
Campos también se refirió a la percepción de transparencia en el país y difirió de la apreciación que sobre el tema tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), que recientemente presentó un informe sobre las entidades más accesibles y las que menos colaboran con la divulgación de información.
Afirmó el comisionado desconocer “los indicadores que ha tenido FUNDE” para establecer dicha calificación y señaló que esta instancia aparentemente se basa en lo que denomina como “transparencia pasiva” que se refiere a la información que es requerida a entidades de gobierno de parte de la ciudadanía.
“El análisis no debe quedar reducido a la entrega de información… el análisis es muy reducido”, en ese caso, señaló Campos, antes de afirmar que el acceso a información también debe de incluir la denominada transparencia pasiva que incluye aquella información que es brindada de oficio por las instituciones, especialmente a través de sus páginas web.
