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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En la Asamblea Legislativa, la Comisión Especial para la investigación de acoso que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación debido a su trabajo y línea editorial, y el uso de recursos públicos en contra de opositores finalizó su trabajo este miércoles con un informe que da por terminada dicha discusión.
Luego de 15 reuniones de trabajo y tras de escuchar a 26 personas y entidades, la Comisión concluyó y aprobó el informe final.
Las principales conclusiones de dicho informe son:
-En El Salvador existe acoso, discriminación, insultos, maltrato a periodistas por parte del órgano Ejecutivo.
-En El Salvador existe bloqueo a la información pública y acceso a los funcionarios hacia ciertos medios de comunicación que son críticos a la actual administración.
-En El Salvador se está utilizando recursos públicos para atacar periodistas y opositores por parte del actual Gobierno.
-El Órgano ejecutivo mantiene una política de amenaza ataque e intimidación, los cuales no se reducen a los ámbitos frecuentes de trabajo sino también transcienden en los entornos virtuales.
Por lo que la misma comisión ha emitido una serie de recomendaciones al presidente de la República, Nayib Bukele, a sus ministros y viceministros para que cesen el acoso; a la discriminación y al maltrato a periodistas, para que también cesen hacia ciertos medios de comunicación el bloqueo a la información pública, a las conferencias de prensa y al acceso a los funcionarios. Además, instan al presidente Bukele a que cese el uso de recursos públicos para atacar a periodistas y opositores.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Emilio Corea, del grupo parlamentario de ARENA, agregó que han acordado certificar a la Fiscalía General de República (FGR), para que investigue el posible cometimiento de delitos, entre ellos; actos arbitrarios, interferencias a las comunicaciones, captación ilegal a las comunicaciones.
Para finalizar, Corea expresó que se enviará un informe a organismos internacionales, entre ellas a la Relatoría de la Libertad de Expresión, a la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Secretaría de Libertad de Expresión de la ONU, al Senado de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo.
