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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Acuerdo de emitir un dictamen favorable a la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas es lo que hicieron los diputados de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa durante la sesión de esta semana. Esta propuesta de ley fue presentada el año pasado por la Fiscalía General de la República y hasta estas fechas consigue el visto bueno de los miembros de dicha comisión.
Con esta ley especial se pretende combatir y prevenir de manera integral el tráfico ilegal de personas, promover la cooperación nacional e internacional para la persecución de este delito, así como incentivar la protección de los derechos de las personas que han sido víctimas de estos.
Actualmente, las conductas de este tipo de delitos se atienden bajo el Código Penal, sin embargo, de aprobarse esta ley, los nuevos delitos que se comentan respecto al tráfico ilegal de personas se ampararán bajo esta nueva ley especial.
Según comentó Sonia López, de GANA, y miembro de la comisión de seguridad, el propósito de esta nueva ley es cuidar y velar la vida de los salvadoreños respecto al tráfico de personas y de los “coyotes”. La parlamentaria ejemplificó que en muchas ocasiones los inmigrantes no siempre llegan a su lugar de destino, en ocasiones fallecen o desaparecen, significando así un luto para las familias que se quedan en el país con la incertidumbre de desconocer dónde estaría el familiar.
El proyecto presentado por la FGR busca promover la protección de los derechos de personas que han sido objeto del tráfico ilegal de personas, por medio de la ley especial para la protección y desarrollo de la persona migrante y familia como uno de los ejes centrales, según detalló el fiscal Raúl Melara, cuando estaba en estudio la dicha ley.
Durante las sesiones de trabajo, el fiscal añadió que, con este instrumento legal, se buscará generar las condiciones de coordinación entre los distintos países, así como también poder velar por las familias y aquellos migrantes que son engañados y que se juega con sus vidas para poder llegar a otros países.
La ley contempla penas carcelarias por los delitos de tráfico ilegal de personas de ocho a doce años; la promoción de tráfico ilegal de personas tendrá una pena carcelaria de cuatro a ocho años; agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas y el delito de obstaculización del debido proceso de tres a seis años.
