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Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Foto Diario Co Latino/ Archivo.

Comisión de Legislación estudia solicitud de antejuicio contra Quijano

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa tiene ya en estudio el requerimiento presentado el pasado 27 de enero por la Fiscalía General de la República en el que se solicita un antejuicio para el retiro del fuero constitucional del diputado Norman Quijano, así lo confirmó el presidente del Parlamento, Mario Ponce.

El presidente del Órgano Legislativo explicó que la comisión evaluará los documentos y pruebas que se anexaron al requerimiento, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales determinará si existe causa, para posteriormente instalar una comisión especial de antejuicio.

La comisión especial estará constituida por un presidente, un secretario, un relator y vocales, así como de un fiscal, que será elegido de entre los 83 diputados restantes, por lo que desestimó el ofrecimiento que hiciera Guillermo Gallegos del partido GANA, de ser fiscal del antejuicio contra Quijano, quien es acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Interpelación de funcionarios 

En otro tema, se refirió a la interpelación (interrogatorio) de la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, y del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez y la calificó de “precipitada”.  Ambos funcionarios fueron convocados por la Asamblea Legislativa para que fundamentaran sus aseveraciones con respecto a la calidad del agua potable en la capital y municipios aledaños en las últimas semanas, sin embargo, estos se excusaron en más de una ocasión.

Ponce dijo que antes de una interpelación se tendría que haberles convocado a la Comisión Política del Órgano Legislativo. Según adelantó, la interpelación de los funcionarios podría tener lugar el próximo 15 de febrero.

Por otra parte, calificó como “lamentable” el hecho que el dictamen de la comisión de Hacienda que avalaba la solicitud de préstamo de $109 millones para el desarrollo de la tercera fase del plan de seguridad Control Territorial haya sido retornado a la comisión.

“Lamento que se haya retirado porque no era gasto corriente, era inversión en seguridad”, manifestó.

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