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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Este jueves inició el trabajo la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, a quien la Fiscalía General de la República lo acusa de haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, y que ya fue capturado por la policía.
Es de recordar que una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad. Esto sirvió para que, de acuerdo con la FGR, ahondara en las investigaciones de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán.
Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero, dijo la FGR.
En el artículo 333 del Código Procesal Penal se establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Los parlamentarios que conforman la mesa de trabajo son Ernesto Castro (NI), como presidente; Rodrigo Ayala (NI), como secretario, y Caleb Navarro (NI) como relator. Los vocales son Alexia Rivas (NI), Raúl Castillo (NI), José Urbina (NI), William Soriano (NI), Silvia Ostorga (ARENA) y Guillermo Gallegos (GANA). Mientras que los legisladores Marcela Pineda (NI) y Giovanny Saldaña (NI) fueron nombrados fiscales.
Retención del legislador
Según información extraoficial, minutos antes de que el fiscal general presentara al Órgano Legislativo la solicitud para que se le eliminara el fuero a Alberto Romero, el diputado abandonó el recinto. Más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, informó que había retenido al funcionario por “resistencia agresiva”, luego de que supuestamente insultara a unos agentes policiales. Como lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República, el legislador fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro como representante legal de la Asamblea. Después, la junta directiva sesionó y acordó enviar a la Fiscalía General de la República las diligencias recibidas por parte de la corporación policial.
Además, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que el legislador permanecerá retenido en las instalaciones legislativas, específicamente en las oficinas de ARENA, en donde se le deberán garantizar sus derechos constitucionales como defensa, alimentación, atención médica y otros.
Castro también informó que se solicitó la presencia de agentes policías para garantizar la custodia del legislador dentro de este órgano de Estado. Además, el funcionario fue puesto a disposición de la coordinación adjunta del grupo parlamentario de ARENA, Silvia Ostorga.
Sobre el proceso del diputado de ARENA, su colega Rosa Romero, sostuvo que lo correcto hubiese sido que se le respetara su calidad de funcionario y seguir el proceso de antejuicio. “Lo que no entendemos, es que en la Cámara se le está siguiendo por un proceso, que incluso, los magistrados en su momento excluyeron a la esposa y a la hija y lo dejaron solo a él, pero ahora, en el nuevo requerimiento fiscal están incluyendo otra vez a la esposa a la hija con otros delitos”.
Al ser cuestionada por la prensa de que, si este caso se tratase de persecución política, la diputada Rosa Romero destacó que “pareciera que sí”, ya que “los procesos se deben se seguir en las instancias correspondientes y no se deberían de cometer actos arbitrarios como los que se comenten en estos momentos”, dijo Romero, sobre la retención del legislador.
