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Redacción Nacionales
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La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial emitió un dictamen favorable para reformar la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, para que ANDRES defina la tarifa de servicios que prestará.
El objetivo de las reformas, según mencionaron los legisladores es fortalecer el trabajo de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), otorgándole las herramientas para que esta entidad “resuelva un problema histórico respecto al tema de los desechos especiales y voluminosos. Es decir, que se le dará la facultad de aprobar tasas y precios por el trabajo a realizar al retirar residuos de manejo especial, como electrodomésticos, llantas, colchones, entre otros.
Muchos salvadoreños botan este tipo de material en los basureros, ya que desconocen qué hacer o como botarlos; por lo que, ANDRES cobraría por la disposición final de estos residuos.
ANDRES es una institución autónoma creada por el Gobierno, en diciembre de 2024, con el fin de sustituir a las alcaldías en su función de recolectar la basura de los distintos municipios para garantizar que las actividades de recolección de los desechos sólidos.
Actualmente, ANDRES brinda cobertura en San Salvador Este, compuesto por los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. La Libertad Costa (Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Zaragoza, Chiltiupán, Jicalapa, Tamanique y Teotepeque) y La Paz Este (Zacatecoluca, San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo).
Los parlamentarios recibieron al director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, para obtener insumos sobre el tema. De acuerdo a lo expuesto en la instancia legislativa, la finalidad de las reformas es fortalecer el funcionamiento institucional de ANDRES, optimizar su estructura orgánica, sus atribuciones y sus capacidades técnicas.
Gil Arévalo detalló que las modificaciones a la normativa facultará al director general de la entidad aprobar los precios que cobrarán por los servicios y los productos que ofrezca, pero estos serían definidos a través de un acuerdo institucional con la respectiva autorización del Ministerio de Hacienda.
La enmienda se realizará al artículo 27, ya que se incorporará y se aprobará un pliego tarifario para precios públicos, en cuanto a la comercialización de los residuos que sean recolectados.
“Buscamos garantizar la sostenibilidad del servicio público de la gestión de residuos y promover la economía circular”, afirmó el funcionario.
Otra de las reformas es en el sentido de flexibilizar los nombramientos de los integrantes del Tribunal Sancionador. Este tribunal, según la normativa actual, debe estar conformado por un presidente y dos vocales, estos deben ser abogados. La reforma indica que este requisito aplicará únicamente al presidente y a su suplente; mientras que los vocales “deberán ser profesionales con título universitario”.
También, con la reforma se elimina el requisito que los miembros tengan conocimientos y experiencia laboral, en lo relacionado con la aplicación de la legislación ambiental y especialmente de los procedimientos sancionatorios.
Este dictamen sería aprobado este miércoles en la sesión plenaria.
