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Saúl Baños, viagra representante de FESPAD, afirmó que las Organizaciones Sociales esperan que el Estado salvadoreño fortalezca los mecanismos que garanticen la defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña.
El pronunciamiento del colectivo de las organizaciones sociales se enmarcan en las vísperas del Examen Periódico Universal (EPU) de El Salvador, ante los Estados miembro de la ONU.
“El EPU es el informe oficial que un Estado elabora para ser objeto de una evaluación sobre la situación general de derechos humanos ante la ONU y al país le toca el próximo 27 de octubre”, dijo.
El Salvador ya participó en el primer ciclo del EPU entre los años 2008 a 2011, afirmó Baños, no obstante, comentó la falta de información sobre el informe presentado, así como las recomendaciones emanadas de los Estados miembro de la ONU.
Actualmente, en Ginebra, Suiza, se realiza el segundo ciclo del EPU, que cuenta con la modalidad de participación de la sociedad civil organizada (ong´s), quienes este año han presentado un informe paralelo, sobre la situación de derechos humanos en el país.
“Este informe alternativo lo hemos presentado en tiempo, para que los Estados que hagan el examen al país, tengan valoraciones distintas.
Nuestro informe no es una crítica negativa a las ejecutorias del gobierno anterior y actual; reconocemos los avances de las dos administraciones pero, consideramos que debemos avanzar”, mencionó.
El colectivo de organizaciones sociales demandó el fortalecimiento en materia de derechos humanos. Xenia Marroquín, de ASPRODE, denunció los intentos de los partidos de derecha de privatizar el recurso hídrico del país.
“No podemos dejar por fuera un tema tan importante como el agua, ya que impacta a toda la población salvadoreña, se debe legislar por una Ley de Agua enfocándola como un derecho humano”, señaló.
Mientras, Sara García, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, consideró que este tema debe ser llevado a un debate serio que cuente con argumento técnicos, psicológicos y científicos.
“Se debe revisar la legislación sobre el aborto y el cese a la criminalización de las mujeres que acuden al sistema de salud pública por embarazos interrumpidos y abortos”, indicó.
Para Karla Avelar, de COMCAVIS-TRANS, la presencia de la comunidad LGBTI en el informe que se presentará en el EPU, significa un avance sustancial de visualización sobre la violación de sus derechos como colectivo.
“Anteriormente, la comunidad LGBTI no fue tomada en cuenta, pero hemos hecho cabildeo político y hemos podido colocar esta temática a nivel internacional. Necesitamos leyes que protejan a nuestra población”, reseñó.
Asimismo, pidieron a los Estados que evaluarán al país, que recomienden el respeto a los derechos de la niñez salvadoreña con el cumplimiento de la LEPINA, así como, asignar recursos suficientes para los programas de este grupo poblacional.
La recomendación de las ong´s se extiende a ratificar la Convención sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos; incluir en el Código Penal la tipificación de crímenes de odio contra las personas trans y comunidad LGBTI y abolir la Ley de Amnistía.
Baños expresó: “ahora que El Salvador ha sido nombrado coordinador del
Comité de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno deberá nombrar a una persona idónea que haya estado ligada en la defensa de los derechos humanos”.
