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Redacción Nacionales@DiarioCoLatino
Por los delitos de privación de libertad, tortura y delitos en derechos relativos al derecho de defensa, el Comité de Familiares de Presos y Presas Políticos (COFAPPES) presentó este viernes un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen a tres jueces en el Caso Monarca.
Francis Vaquero, Julio Herrera y Óscar Guandique, son los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, que tienen que ser investigados, según COFAPPES.
La investigación contra estos jueces, podría quedarse solo con la intención de los denunciantes, ya que agregaron que aunque están conscientes de que en este país no hay independencia judicial, hay que agotar las vías legales, en caso de que se deba documentar cualquier situación internacional que se genere.
Sobre el caso Monarca, el pasado 26 de mayo, el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, habría condenado a 18 años de cárcel al ex alcalde de ese municipio Francisco Salvador Hirezi.
Hirezi es acusado por la FGR de negociaciones ilícitas y de cohecho, así como también actos de corrupción por $344,000.
Junto a él también han sido juzgados el ex alcalde San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar, acusado de apropiarse indebidamente de alimentos valorados en $9,900, y 18 personas más, entre estos cuatro empresarios de transporte, dos policías y un apoderado legal.
Los delitos que se les imputan a los otros acusados, entre ellos José Denis Córdova, Santos Portillo González y Ever Stanley Henríquez, miembros del concejo municipal de Zacatecoluca, y exconsejales de la alcaldía de San Rafael Obrajuelo, son negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio.
Ivania Cruz, abogada defensora explicó que los jueces están siendo acusados por privación de libertad, ya que los procesados fueron detenidos de manera arbitraria cuando se realizó la vista pública del caso y ellos tenían medidas sustitutivas.
Cruz dijo “desde que inició la vista pública, todas las personas involucradas en el caso fueron detenidas arbitrariamente, habiendo una resolución judicial donde estas personas gozaban de medidas sustitutivas a la detención, dicho tribunal emitió esta decisión con la calidad supuestamente jurídica de un resguardo que no existe fundamento alguno”.
La tortura fue ejercida psicológicamente, y se limitó el derecho a la defensa, tanto a Cruz como a Rudy Joya.
Cruz señala también el adelanto de una audiencia sin justificación, entre otros. En este último punto la abogada hizo referencia a que mientras ellos, los abogados defensores estaban fuera del país, la defensa se limitó a “la defensa ejercida por algunos abogados debidamente acreditados, debido a que cuando inició el juicio los abogados no estaban en el país, y cuando buscaron agregarse, no se les permitió”.
