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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En un comunicado oficial el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) se pronunció sobre la visita del Enviado Especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, exigiendo a la administración del presidente Joe Biden, no respaldar la “centralización de poder alrededor del presidente Nayib Bukele y el cese del financiamiento orientado a fortalecer la seguridad en El Salvador”.
CISPES, fundada en octubre de 1980, es una organización no gubernamental, que durante su historia intervino en contra de una “invasión estadounidense en América Central”, y acompañó al pueblo salvadoreño desde la firma de los Acuerdos de Paz, enero de 1992, en lo que consideraron la refundación de una nueva sociedad.
“Del mismo modo condenamos las especulaciones públicas realizadas por la exembajadora Mari Carmen Aponte, en relación a posibles represalias contra la comunidad salvadoreña migrante debido a la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, realizada por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo”, cita del texto.
En su pronunciamiento CISPES califica de “irresponsables” la difusión de las opiniones que dio Aponte, en relación a la postura del gobierno de Estados Unidos, en temas sensibles como bloqueo de remesas, suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), y mayores restricciones a la migración desde El Salvador, argumentando que pueden ser causa de “miedo y ansiedad” para la población que trabaja y mantiene a sus familias en el país.
“Como organización estadounidense con sede en Washington DC, no hemos escuchado ninguna discusión o sugerencia sobre el bloqueo de remesas o la suspensión del TPS por parte de la Administración Biden o el Congreso. Tanto desde la vicepresidencia, como desde el Congreso y el Senado que nunca han sugerido tales acciones dirigidas a inmigrantes o sus familias”, señalaron.
No obstante, advirtieron que de implementarse este tipos de acciones desde el Congreso o la administración Biden, anunciaron que las organizaciones sociales iniciarían una oposición contra estas medidas. “La comunidad salvadoreña no debe ser castigada por las peligrosas acciones del presidente Bukele y sus aliados”, recalca el CISPES.
El CISPES hizo un llamado al gobierno estadounidense a poner fin a la “agenda económica” que, al igual a los planes del presidente Nayib Bukele, dañan al medio ambiente, los medios de vida y la salud de las trabajadoras y los trabajadores y comunidades empobrecidas.
“Hacemos eco de las denuncias de organizaciones sociales contra la represión militar y policial que van aumentando contra las comunidades criminalizadas y contra quienes se oponen al (presidente Nayib) Bukele”, puntualizó.
