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Los derechos a la vida e integridad personal de 34 miembros identificados del periódico digital El Faro se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución 12/2021. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

CIDH considera que derechos de periodistas se encuentran en situación de “gravedad y urgencia”

Oscar López
@Oscar_DCL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución 12/2021, consideró que los derechos a la vida e integridad personal de 34 miembros identificados del periódico digital El Faro se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”, por lo que emitió medidas cautelares para que el Estado de El Salvador adopte medidas para proteger los derechos de los miembros de ese medio de comunicación.

En tal sentido, la CIDH solicitó al Estado que en primer lugar adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de las personas beneficiarias identificadas. En segundo lugar, que adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en el ejercicio de su libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos. Lo anterior se fundamenta en información aportada por El Faro a la CIDH en la que se documenta que el presidente de la República, Nayib Bukele, habría impulsado una campaña de desprestigio y estigmatización contra medios independientes, incluyendo al periódico digital.

El Faro evidenció que algunos de sus periodistas fueron objeto de acoso, estigmatización, criminalización y amenazas constantes por parte del gobierno encabezado por el presidente Bukele. Asimismo, indicó que el gobierno inició un paulatino proceso de bloque informativo, siendo excluidos sus integrantes de entrevistas y de listas de preguntas, especialmente en las conferencias de prensa del presidente de la República.

La respuesta del Estado ante la CIDH fue que “no resulta posible identificar una situación de riesgo o peligro inminente de afectaciones al derecho de seguridad o integridad personal de los propuestos beneficiarios”.

El Estado salvadoreño también alegó que si bien la libertad de expresión goza de una protección muy amplia, no tiene un carácter absoluto, por lo que la Constitución de la República en su Artículo 6, establece ciertos límites, entre ellos, el orden público, la moral, el honor y la vida privada de los demás lo cual debe ser observado como parte de la responsabilidad ética y profesional de los periodistas.

En su resolución la CIDH manifiesta que “entiende que a la luz de la naturaleza de los hechos alegados, es posible indicar que existe un riesgo común a todos ellos (miembros de El Faro) en tanto sean integrantes de dicho medio de comunicación y continúen realizando actividades periodísticas sobre los temas que hacen cobertura”.

Por lo mismo, la CIDH advirtió que existe una relación entre los eventos que enfrentan y las actividades que sus miembros realizan desde sus diversos cargos dentro del medio digital. De igual forma, advirtió que, a diferencia de otros medios, los integrantes de El Faro tendrían en este momento mayor visibilidad y una alta exposición en la sociedad salvadoreña.

La CIDH indicó que los hechos valorados en su conjunto reflejan la “existencia de diversos factores de riesgo” que enfrenta el equipo que integra El Faro, entre ellos, se advierte que personas desconocidas o identificadas tendrían conocimiento de los domicilios de periodistas, y realizarían un seguimiento incluso de sus desplazamientos fuera de sus actividades de naturaleza periodística.

De igual forma, la CIDH consideró que el contenido de los mensajes recibidos por los periodistas, a través de diversos medios, principalmente redes sociales, visibilizarían una “intención de intimidación hacía los periodistas para que limiten sus actividades en el actual contexto”. El 6 de noviembre de 2020 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares interpuestas por la Fundación para el Debido Proceso y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en la que los solicitantes instaban a que la Comisión requiriera al Estado de El Salvador la adopción de medidas para proteger los derechos de 34 miembros del periódico digital El Faro.

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