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Las protestas, cuyo detonante fue un aumento en los pasajes del Metro, se multiplicaron de forma explosiva, con millones de personas reclamando aumentos de salarios y pensiones, mejoras en la salud y la educación públicas y muchas más, y en general un cambio radical al modelo neoliberal imperante.
La respuesta del gobierno ha sido una denominada agenda social que hasta el momento solo ha ofrecido algunas mejoras en los salarios más bajos y las pensiones, a mediano plazo, que se quedan muy por debajo de lo que exige el movimiento social, aglutinado en la Mesa de Unidad Social.
Un solo ejemplo: mientras el ejecutivo ha anunciado un aumento lento y paulatino de salarios hasta unos 300 mil pesos, para el movimiento sindical el mínimo posible para sacar a la mayoría de las familias de la pobreza y el endeudamiento es de 500 mil pesos (unos 650 dólares al cambo actual).
No pocos analistas consideran que esas medidas insuficientes, calificadas por muchos como limosnas, solo persiguen calmar el ambiente y ganar tiempo en busca de que el movimiento social pierda fuerza por tantos días de movilizaciones, aunque también conducen a mantener e incluso aumentar el descontento social.
Por ello, para los partidos de oposición y el movimiento popular, tales soluciones solo evidencian la ceguera del gobierno, que no parece aquilatar la real dimensión de la crisis social y política.
Al mismo tiempo, el presidente Sebastián Piñera lanzó una ‘agenda de seguridad’ encaminada a fortalecer el aparato policial y tramitar con urgencia proyectos de leyes contra los encapuchados, los saqueos y las barricadas que son rechazadas por amplios sectores que acusan al ejecutivo de criminalizar las manifestaciones pacíficas.
Prueba de la violencia policial en estos dos meses son las detenciones muchas veces arbitrarias de miles de personas, incluyendo menores de edad, más de tres mil heridos, entre ellos más de 350 con serias lesiones oculares, torturas, golpizas y hasta agresiones sexuales.
Tal situación puso a Chile en la mira de entidades internacionales incluida la Oficina del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que han denunciado graves y reiteradas violaciones y exigido al gobierno detener esos hechos, mientras que las evasivas y justificaciones han sido las respuestas desde el palacio de La Moneda.
En tanto, ha ido ganando espacio el reclamo de una nueva constitución, para lo cual la mayoría de la población reclama una asamblea constituyente, mientras que desde el gobierno, que aceptó a regañadientes avanzar en esa direcció, se busca también acomodar ese proceso a sus intereses.
Incluso, los partidos de derecha de la coalición oficialista, no ocultan mucho sus esfuerzos por salvar de alguna forma la actual carta magna, impuesta en época de la dictadura de Augusto Pinochet, y que fundamenta el repudiado modelo neoliberal.
Ello, en medio de una economía que ya venía mostrando síntomas de debilidad por factores externos e internos, y que el estallido social ha agudizado, mientras que el presidente Sebastián Piñera y su ejecutivo no logran remontar un bajísimo respaldo popular que a duras penas alcanza el 13 por ciento.
