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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Es un informe donde se expresan situaciones de conflicto en la región centroamericana y lo analizamos a través de tres ejes en particular: seguridad ciudadana y pobreza; desarrollo humano; y sistema democrático. Y venimos detectando graves tendencias en cuanto a la democracia”, dijo Omar Flores, de FESPAD, integrante del Equipo Regional y Monitoreo de Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica.
Desde el año 2005, el Equipo Regional y Monitoreo de Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica viene emitiendo diversos informes de la situación de derechos humanos, desde las investigaciones que realizan diversas organizaciones de la sociedad civil, que integran a ILCO de Costa Rica, GAM de Guatemala, CDH/CIPRODEH de Honduras, CENIDH por Nicaragua, CONADEHUPA de Panamá y FESPAD en El Salvador.
El informe correspondiente al año 2018-2019, que contó con el apoyo de la Federación Luterana Mundial, advierte a los Estados de la región a superar los desafíos más sensibles de la población, que se centran en garantizar el goce pleno de los derechos humano de los pueblos.
Flores señaló que el informe no pretende ser una “compilación de datos oficiales e interpretaciones”, sino una herramienta en la cual se identifiquen las situaciones y aspectos que generan conflictos y la vulneración de la democracia.
“Identificamos a nivel centroamericano que existen países con diseños democráticos de naturaleza estrictamente representativa. ¿Qué significa esto? que no están promoviendo en su diseño normativo la participación ciudadana y se suma el quebranto del orden constitucional, y es en Honduras y Nicaragua. Mientras, en otros países no hay una situación convulsionada pero hay señales que avizoran no ser sanas para democracia”, señaló.
Sobre la situación de El Salvador, el representante de FESPAD comentó que existe un quiebre en el orden constitucional, cuando el actual gobierno del presidente Nayib Bukele, al no cumplir procedimientos de la Carta Magna, vulnera los derechos de la población, como los despidos de los empleados públicos, luego de eliminar las cinco secretarías de la Presidencia.
Asimismo, en materia de seguridad ciudadana, Flores mencionó que por muchos años se han impulsado medidas “estrictamente represivas”, que generan un comportamiento cíclico de la violencia que no contribuye a una real reducción de hechos violentos y la convivencia pacífica.
“La represión ha sido la constante desde los gobiernos de Francisco Flores, hemos ido desde la Mano Dura, la Mano Súper Dura, la combinación de Mano Dura y Mano Amiga y eso lo que generó son ciclos de violencia. Actualmente, los números de homicidio se han reducido; sin embargo, hay una cifra poco divulgada que son las desapariciones, que se convierten en cifras de personas que han tenido muertes violentas. Por ahora, no han implementado nada nuevo que permita identificar en un futuro que los niveles de violencia tiendan a la reducción de forma sostenida”, argumentó.
En cuanto a los índices de pobreza y desarrollo humano, enfatizó que todos los gobiernos apostaron al “crecimiento económico”, pero que no se refleja en la distribución “justa” de la riqueza de país.
“Hay economistas que plantean que el Producto Interno Bruto (PIB), que se divide en tres grandes segmentos: Ganancias es el 62 % del PIB, en Salarios 22 % y en Recaudación Tributaria el 16 % del PIB, esto es una distribución injusta de la riqueza, que un poco sector de la población acumula gran capital y a esto se suma que muchas condiciones creadas en el país tienden a criminalizar la pobreza, vinculándolas a la seguridad o por las zonas en donde viven y por su edad. En la actualidad, “no hay ningún mecanismo y no hay propuestas serias sobre la mesa para una reforma tributaria progresiva o un aumento del salario mínimo considerable”, sostuvo Flores.
El documento regional en su contenido destaca entre sus hallazgos el “favoritismo estatal” a grupos de poder económico, político o fácticos, que inciden en los poderes públicos, en contraposición de la participación ciudadana, lo que genera conflictos y mayor desigualdad, que termina en rompimientos entre el Estado y la población.
Asimismo, reiteran que en la región miles de personas han muerto producto de acciones violentas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, por presencia del crimen organizado, pandillas, bandas de extorsionistas, narcotraficantes, secuestradores y fuerzas de choque paraestatales. Así como, violencia contra las mujeres; organizaciones de mujeres de la región dan cuenta que, solo en el año 2018, hubo 1,590 femicidios, y entre enero a agosto del presente año reportan 628 femicidios.
A lo que suman el superar desafíos como la industrialización, que vulnera el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas de la región, la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y la impunidad, que aumenta frente a la pronta y cumplida justicia.
