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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó prisión preventiva contra el empresario de transporte colectivo, Catalino Miranda, tras instalar la audiencia inicial este viernes. Miranda es acusado por los supuestos delitos de «resistencia y desórdenes públicos», junto a él, tres imputados más enfrentaron un proceso relacionado al transporte público.
Habrá que recordar que Catalino Miranda fue capturado el pasado 12 de marzo en primera instancia por «incrementar el pasaje en el transporte colectivo», y por «obstaculizar la vía pública», por utilizar un tramo de una calle como terminal, pero, luego le inculcaron el supuesto delito de «resistencia agravada». Al final, la Fiscalía General del la República lo procesó por el delito era «Desórdenes Públicos».
La representación fiscal afirmó sentirse satisfecha por el resultado obtenido en la audiencia inicial en contra de Miranda. «La juez tuvo a bien considerar todos los elementos indiciarios que se habían presentado por el delito de desórdenes públicos, decretó una instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional». En cuanto al delito de resistencia, se decretó una instrucción simple.
La jueza, según el fiscal del caso, se basó en los elementos que el Ministerio Público había recolectado, en el sentido que todos eran elementos que corroboraban la participación directa del imputado, entre ellas un supuesto video del sistema de emergencia 911 «en la que se observa que estaban obstruyendo la vía pública unas rutas de la 152 propiedad de Catalino Miranda», detalló la parte fiscal.
Mientras que el abogado defensor de Miranda, Rolando Aparicio, externó que hubo una serie de contradicciones, ya que la parte fiscal «no pudo correr los videos, Fiscalía no traía los videos, traía una capturas de microbuses estacionados, más no los videos de lo que realmente ha sucedido».
Afirmó que como defensa apelarán porque quedó detenido por el delito de desórdenes públicos más no por el delito de resistencia «pero el de desórdenes públicos tiene una restricción, no pueden haber medidas».
Aparicio sostuvo que el delito de desórdenes públicos es el que menos pudo haber cometido Catalino Miranda, «¿Qué alteró él, la paz social, la tranquilidad de la población, qué fue lo que vino a desestabilizar al Gobierno por medio de su actuar? «, cuestionó.
Agregó que van a incorporar los videos de los hechos. De igual forma, apelarán la medida cautelar de la detención provisional, pues consideró que «no tiene razón de ser, para Catalino en cuanto a obstaculizar la justicia o peligro de fuga».
También, el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial en contra de tres transportistas capturados el mismo 12 de marzo.
La primera audiencia que se desarrolló fue contra de Jermel Castro, a quien se le acusa de Posesión y Tenencia Ilícita de Placas de Circulación. La decisión del juzgado fue decretarle detención provisional como medida cautelar.
Mientras que la segunda audiencia fue contra Rommel Iván Aquino Barrera y José Hernández, ambos acusados de venta a precio superior. En este caso, el juzgado resolvió suspender el proceso por un año y medio acondicionándoles a no cambiar de domicilio y a mantenerse en un empleo fijo durante por un año.
En las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez, motoristas, mecánicos ‘carwasheros’, supervisores, despachadores y familiares de empleados de las rutas 42 y 152 propiedad de Catalino Miranda se concentraron como una muestra de protesta ante la detención de los involucrados.
