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Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, y con sus hechos lo traicionan.
Benito Juárez
Por: Carlos Ernesto García
El recién pasado 9 de enero, se cumplía un año del allanamiento a la vivienda de la familia del expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Othon Sigfrido Reyes (exdiputado) y uno de los fundadores del partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), creado tras los Acuerdos de Paz que, en 1992, ponían fin a más de dos décadas de un conflicto armado, iniciado a principios de la década de los setenta, y no de los ochenta, como muchos creen. Unos acuerdos, firmados entre el FMLN, organización guerrillera, creada en 1980, y el entonces Gobierno salvadoreño.
Desde ese momento el enorme reto político, muy a pesar de la polarización del país, era construir una sociedad que pusiera en valor la cultura de la paz a través del fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
La eliminación de cuerpos represivos, como la Guardia Nacional (GN), la Policía de Hacienda (PH), o los grupos paramilitares de ORDEN, así como la depuración del ejército y la Policía Nacional (PN), son solo algunos de los logros a destacar, que se desprenden de esos acuerdos, celebrados en medio mundo, y puestos de ejemplo para otras naciones en conflictos similares.
Se acordó que se trabajaría para que el ejército nunca más hiciera uso de su fuerza en contra del pueblo salvadoreño, y que por el contrario, este, al igual que otras instituciones militares, fueran una garantía para la seguridad de la nación, y el cumplimiento de la ley.
Buena parte de todo esto, se rompió en junio de 2019 con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de El Salvador, quién desde un primer momento, no solo desvirtúa dichos acuerdos sino que además, promueve el uso de la fuerza militar, y policial, a la que suma la judicial, para perseguir a la izquierda salvadoreña, poniendo en la mira a personalidades destacas del FMLN, como es el caso de Sigfrido Reyes.
Nayib Bukele pone en marcha su particular “caza de brujas” con una política de acoso y derribo, instrumentalizando así, a jueces, fiscales y magistrados quiénes, en algunos casos concretos, con un espíritu más servil, que de un honorable y sano servicio a la justicia, se prestan al sucio, como burdo, entramado “legal”, que más temprano que tarde, acabará por estallarles en la cara.
El asedio contra la familia Reyes, que dio inicio en enero del pasado año, arrojó como saldo inmediato, la captura de Susi, esposa de Sigfrido Reyes, así como de otras nueve personas próximas a ellos, dando inicio al despojo de los ahorros así como de otros bienes, actos represivos que alcanzaron al menos a ocho familias más, a quiénes quitaron sus viviendas que fueron pagadas con el esfuerzo de toda una vida. A Susi, quién inicialmente fuera acusada de ser cómplice, y sin ningún tipo de pruebas, de delitos muy graves, y finalmente puesta en libertad, se le retiró el pasaporte, lo que le deja cautiva en un territorio de algo más de 21,000 kilómetros cuadrados, lo que le convierte, en la primera prisionera política tras la firma de los Acuerdos de Paz, mientras que su esposo, a la fecha refugiado en México, le convierte en el único salvadoreño que ostenta la condición de exiliado político salvadoreño.
Sigfrido Reyes, quién desde hace meses recibe el respaldo de luchadores sociales, de instituciones que velan por los derechos humanos, intelectuales y líderes políticos de distintos países de América Latina, abre con su participación activa, un importante debate en diversos foros internacionales, con el fin de que su caso, que guarda similitud con el de otros destacados políticos latinoamericanos de países como Bolivia, Argentina, Ecuador, entre otros, sea denunciado.
La guerra legal, entre una maquinaria corrupta (abanderada por el fiscal general de la República, Raúl Ernesto Melara), y Sigfrido Reyes, ha pasado a ser, una batalla cuerpo a cuerpo. Los golpes de mano, encaminados a destruir una a una las mentiras tejidas contra Sigfrido Reyes, se suceden sin dar un paso atrás, mientras que el presidente de la República, apenas sí atina a repetir las mismas patrañas, más propias de un ganster de pacotilla que de un jefe de Estado.
Sabemos, que el capital más preciado para cualquier revolucionario, es su moralidad, y es precisamente, a ese valor moral al que tanto, Nayib Bukele, como el resto de cómplices, han apuntado desde un primer momento. Su objetivo, no ha sido otro, que desprestigiarle, a él (Sigfrido Reyes), a su familia y allegados, con lo que el Gobierno buscaba asegurarse el debilitamiento de su partido, generando el repudio, descontento y por último la condena pública, tanto de los opositores de la izquierda, como de algunos sectores del mismo partido del FMLN.
Una de las constantes, en las malas prácticas de Nayib Bukele, que se empecina en resolver los problemas políticos con soluciones judiciales, ha sido la manera en que, a conveniencia, utiliza su vara de medir con que premia a unos con un aberrante silencio ante sus delitos, y por el contrario, persigue a otros despiadadamente sin causa justificada, y siempre, claro está, que se trate de una persona de izquierda.
Atropellos como el del 9 de febrero de 2020, con el fallido intento de golpe de estado, secundado por la Fuerza Armada, y otros cuerpos de seguridad, en la que el Presidente de la República, violentando a la Asamblea Legislativa, y contraviniendo, en su fondo y forma, a la propia Constitución y a uno de los pilares que fundamentan el espíritu de los Acuerdos de Paz, presiona a los diputados para que estos, en una pretendida actitud de sumisión, le aprueben un préstamo millonario, lo que marcó un hecho sin precedentes en la historia de El Salvador; desmanes que son pasados por alto por parte de quienes, en lugar de encubrir, tenían la obligación, política, legal y moral, de llevar ante los tribunales a Nayib Bukele, así como al ministro de Defensa, René Merino, quién brindó un apoyo incondicional que permitió la consumación de dichos acontecimientos que fueron secundados por una turba descontrolada de seguidores del partido en el Gobierno, con claras intenciones de linchar a quienes se le pusieran por delante. Todo esto, ante la mirada atenta de las naciones respetuosas de las instituciones democráticas, que no daban crédito a lo sucedido.
Son asimismo del todo condenables, los graves desaciertos, como presuntos delitos cometidos por parte del presidente salvadoreño, y sus aliados, en el manejo de la pandemia; escenario que, en el caso concreto de El Salvador, se ha utilizado para catapultar a Nuevas Ideas (partido en el Gobierno) ante la opinión pública, al hacer éste, un uso ilícito, y por tanto inapropiado, de los recursos del Estado, con el único objetivo de promocionar su imagen.
Pero volviendo al expresidente de la Asamblea Legislativa, decir que en estos largos meses, se han ido produciendo reacciones favorables en torno a su caso, destacando: 1) El informe presentado por parte del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, quién no solo ha declarado no ver indicios de delito alguno por parte de Sigfrido Reyes, sino que demanda al Gobierno de El Salvador, al que acusa de perseguir política, y judicialmente a sus oponentes políticos, para que redacte, a la mayor brevedad posible, un informe detallado sobre sus actuaciones vinculadas a dicha persecución; 2) la Interpol, desestima la pretensión del presidente salvadoreño de retener, y extraditar a Reyes, por iguales razones que posteriormente daría el enviado de la ONU a El Salvador y 3) La resolución de la Sala de lo Constitucional, que acepta el Recurso de Amparo con el que se suspende el arbitrario, y amañado juicio que Nayib Bukele, y sus compinches de la derecha, ordenaron en contra de Sigfrido Reyes, acusándole de manera perversa por “Enriquecimiento Ilícito”. Y aunque aún quedan más batallas legales por librar, cierto es, que tiempo al tiempo.
Un aspecto que no se puede pasar por alto, si de verdad pretendemos comprender éste caso, es la velada distancia que desde su inicio se ha tomado desde la dirigencia del FMLN, y parte de su militancia para con su compañero de partido. Me consta que Sigfrido Reyes, tras su larga trayectoria al frente de distintas responsabilidades, es respetado, e incluso, por qué no decirlo, admirado por sus cualidades políticas, su sólida formación académica, y otros tantos méritos personales. No obstante, me pesa decirlo, pero de quiénes uno habría esperado una posición más firme, y solidaria, se han mostrado tibios o timoratos, dejando así, vía libre a sus detractores. Declaraciones, que casos puntuales, revestidas de cierto escepticismo, no han hecho más que socavar la confianza.
José María Vidal Villa, reconocido economista y teórico marxista, al caer el muro de Berlín, en referencia a la Perestroika, y el desmantelamiento de la ex Unión Soviética me dijo, mientras caminábamos por los jardines de la Universidad de Barcelona: “Carlos, si lo que uno creyó que era, resulta que no es, entonces, ha llegado el momento de las grandes utopías”.
