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Hay un creciente uso del derecho penal sin las garantías del debido proceso, el hostigamiento, estigmatización y la persecución por parte de las autoridades, contra defensores de derechos humanos”
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Un grupo de organizaciones internacionales señaló que periodistas, activistas, líderes comunitarios, voces críticas al gobierno y abogados, así como la ex fiscal y defensora de derechos humanos, Ruth López, y el profesor y abogado constitucionalista Enrique Anaya, han sido detenidos arbitrariamente en represalia por su labor de documentar y denunciar la corrupción, violaciones de derechos humanos y ataques al Estado de derecho en El Salvador.
Ambos se encuentran en prisión preventiva prolongada y enfrentan cargos falsos e infundados de malversación de fondos y lavado de dinero, respectivamente, estas detenciones transmiten un mensaje intimidatorio al resto de la sociedad civil y socavan aún más la confianza pública en la imparcialidad e independencia del sistema judicial salvadoreño.
La persecución de defensores como Ruth López y Enrique Anaya refleja una estrategia más amplia para desmantelar la vigilancia ciudadana y el Estado de derecho, y criminalizar la crítica y defensa de los derechos humanos.
Otros ejemplos de criminalización incluyen a líderes comunitarios de La Floresta y la cooperativa El Bosque, entre ellos Fidel Zavala, Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, quienes han sido detenidos durante protestas pacíficas por tierras y desalojos.
Junto con la retórica hostil de altos funcionarios, encabezados por el presidente de la República, Nayib Bukele, estas medidas buscan deslegitimar las voces independientes y restringir las actividades legítimas de las organizaciones de la sociedad civil.
“El Estado salvadoreño ha intensificado sus ataques contra la sociedad civil y la prensa independiente mediante estrategias coordinadas en los ámbitos jurídico, institucional y mediático para silenciar su labor, se les persigue bajo un prolongado estado de excepción que suspende derechos y libertades fundamentales”, indicaron.
En un contexto de alta concentración de poder, se promulgó la Ley de Agentes Extranjeros, que impone severas restricciones a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo onerosos requisitos de registro, un impuesto del 30% a la financiación extranjera y amplias facultades para suspender sus actividades con base en acusaciones vagas de actividad política.
Según las organizaciones internacionales, a lo largo del gobierno de Nayib Bukele, decenas de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, exfuncionarios públicos, miembros de la oposición política y empresarios se han visto obligados a exiliarse fuera del país.
Esta tendencia ha aumentado significativamente en el último mes, lo que refleja un creciente clima de represión y persecución que restringe severamente el espacio cívico y democrático en El Salvador, que se enmarca en la erosión de las instituciones democráticas y del Estado de derecho.
“Como resultado del estado de excepción, más de 85.000 personas han sido detenidas sin el respeto a las garantías fundamentales del debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia y el acceso a un juicio justo e imparcial, y en condiciones inhumanas de privación de libertad”, expresaron.
Organizaciones locales han documentado al menos 400 muertes de personas bajo custodia del gobierno, desde el inicio del Régimen de Excepción.
Las organizaciones internacionales pidieron la liberación inmediata de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, así como a todos los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que han sido detenidos arbitrariamente por razones políticas; y respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a un juicio público, en cualquier proceso en su contra.
Asimismo, hicieron un llamado al gobierno para abstenerse de utilizar la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado contra defensores de derechos humanos y otras personas detenidas por razones políticas, en clara violación de las garantías del debido proceso y los estándares internacionales de derechos humanos.
A la vez, pidieron proteger a los defensores de los derechos humanos de represalias, acoso, tortura y amenazas, y garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos.
Restablecer las condiciones que permitan la libertad de expresión, asociación y reunión, y armonizar las leyes nacionales con las obligaciones internacionales de El Salvador, incluida la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros; poner fin al uso indebido y al abuso de las medidas de excepción y, en todos los casos, garantizar el derecho a un juicio justo.
Exhortaron a la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, a instar al gobierno de El Salvador que cese de inmediato la instrumentalización del sistema de justicia penal contra defensores de derechos humanos o quienes expresan críticas al gobierno.
Así como, adoptar acciones urgentes a través de la vía diplomática, asistencia y cooperación condicional, entre otros medios, para proteger el espacio cívico, el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en El Salvador.
