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Redacción Nacionales
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó, a través de sus redes sociales, la captura de cuatro agentes policiales, ya que retenían a personas y extorsionaban a los familiares para no detenerlos. Esto sustenta lo documentado por organizaciones de la sociedad civil, en el sentido que son los elementos de seguridad, quienes abusan del poder durante el régimen de excepción.
«Tras una investigación se determinó que los cuatro retenían a ciudadanos y llamaban a familiares para exigir dinero a cambio de no detenerlos», destacó la institución policial acompañado de fotografías de los agentes involucrados.
Los agentes policiales señalados estaban destacados en Cuisnahuat, Sonsonate, estos son: Nicolás Guzmán Galdámez, Manuel Antonio Valencia, Víctor Francisco Tobar y Jorge Antonio Ágreda, a este último también se le incautó una escopeta y se le añadirá el delito de portación ilegal de arma de fuego.
La corporación policial indicó que no tolerará “ningún mal elemento dentro de nuestra institución”. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, enfatizó que “lo hemos dicho una y mil veces, nadie está por encima de la ley, vamos a combatir toda clase de delitos sin importar de donde venga. Cero tolerancias para quienes ensucien el uniforme con acciones ilegales”.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, reiteró que no se tolerarán abusos de los uniformados. “No vamos a tolerar ningún abuso contra la población, este caso es un ejemplo que nuestra institución está permanentemente supervisando la actuación policial y quienes procedan de forma ilegal, serán sometidos conforme a la ley”.
Aunque si bien, las autoridades no han detallado de que los agentes hicieran dichos abusos en el régimen de excepción, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado, reiteradamente, que el régimen de excepción abrió la puerta al aumento de abusos policiales y militares, como acoso, capturas arbitrarias y agresiones.
El pasado 20 de julio, diversas organizaciones presentaron un informe sobre el año y medio del régimen de excepción, en su comunicado revelaron que el mayor número de victimarios identificadas corresponden a la Policía Nacional Civil con el 74.97% seguido por denuncias conjuntas a la Policía y Fuerza Armada con 14.75% y la Fuerza Armada con 7.09%; además, las fuerzas de seguridad también son acusadas de amenazar con detenciones encarcelamientos, o, incluso, perder la vida al interior de los centros penitenciarios. Las organizaciones registraron 243 de estas amenazas.
En redes sociales, los usuarios han mostrado su inconformidad del asunto, tal es el caso del usuario Palacios 1987, quien dijo que “esto demuestra que muchas de las capturas realizadas durante la vigencia del Régimen de Excepción, son arbitrarias y, por tanto, ilegales. No todos los capturados son pandilleros, muchos son inocentes, a quienes el Estado de El Salvador les está vulnerando sus derechos”.
