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Gloria Silvia Orellana
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La defensa de los cinco líderes comunitarios y ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de Santa Marta – ADES, informó sobre la presentación del segundo “recurso de apelación” contra la decisión de apertura a juicio contra los ambientalistas.
La Vista Pública fue ordenada por la jueza María Elizabeth Amaya Rivera, del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, el pasado 10 de abril, por lo que los directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) y su comunidad, esperan que la Cámara de lo Penal de Cojutepeque “revierta” lo que consideran una persecución judicial contra estos defensores del medio ambiente.
A pesar de la falta de pruebas sobre los delitos imputados y de la participación de los acusados en su cometimiento, la jueza de primera instancia de Sensuntepeque decidió elevar el caso a vista pública y mandar a juicio a nuestros líderes comunitarios, lamenta la defensa.
“Por eso hemos apelado ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, instancia a la que respetuosamente solicitamos revertir la ilegal e injusta resolución contra los ambientalistas. Es totalmente improcedente que el caso avance a fase se sentencia sin cuerpo del delito y con el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido como principal prueba”, reitera la defensa de los ambientalistas.
Los cinco ambientalistas continúan en arresto domiciliario, mientras, la defensa espera una respuesta al recurso de apelación por parte de la Cámara Penal de Cojutepeque, en busca de un sobreseimiento definitivo de los ambientalistas de Santa Marta y ADES.
Los ambientalistas han cumplido 15 meses de “detención arbitraria”, porque la Fiscalía General de la República, no ha encontrado pruebas fehacientes del supuesto delito por el que los acusan.
“Los honorables magistrados de la Cámara tienen en sus manos la decisión de parar esta instrumentalización del sistema judicial para criminalizar y perseguir penalmente a activistas del medio ambiente que defienden el agua y los ecosistemas gravemente amenazados por la posible reactivamente de la minería metálica”, señala la defensa.
